Atienden las denuncias de amenazas del crimen organizado

Por Doris Gómora
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Cerca de 10% de los jueces y magistrados federales del País (98 de un total de mil 174) cuenta con medidas especiales de seguridad, como escoltas y autos blindados, por amenazas del crimen organizado o el riesgo de la plaza a la que están adscritos.
Las medidas forman parte del programa de seguridad puesto en marcha por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que ha asignado vehículos blindados a 78 jueces y magistrados federales en prevención de riesgos potenciales. Otros 20 jueces y magistrados cuentan con escolta.
De estos juzgadores, 12 son protegidos por personal de seguridad del propio consejo y ocho tienen escoltas de la Procuraduría General de la República (PGR). Las medidas de protección se han extendido también a una actuaria, encargada, entre otras funciones de notificar acuerdos y resoluciones judiciales, quien cuenta con escolta de la PGR para garantizar su integridad física.
La mayor parte de los juzgadores a quienes se brinda este tipo de protección está a cargo de asuntos relacionados con el crimen organizado en penales de máxima seguridad.
Sin embargo, desde el 2011 el CJF identificó 10 estados con problemas de seguridad y, por tanto, con riesgos para el trabajo de jueces y magistrados: Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Nayarit y Michoacán.
Como resultado de esa evaluación, el Consejo de la Judicatura puso en marcha medidas especiales de seguridad para el personal que trabaja en los juzgados y tribunales ubicados en esas entidades, como el cambio de horarios y la disminución o la eliminación de las guardias que se realizan en otros circuitos judiciales.
De manera adicional, el CJF tiene ubicados y bajo protección similar a otros juzgadores, ubicados fuera de estos espacios, por el tipo de asuntos que tienen a su cargo.
El número de juzgadores con protección especial se ha incrementado en más de 20 en el último año, pues en 2011 eran 76 los jueces y magistrados a quienes se había asignado escolta y vehículos blindados. Al mes de marzo de este año, el Consejo había ejercido 330 millones de pesos de su presupuesto en medidas generales de seguridad.

- Amenazas
El ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), reconoció el lunes pasado que existen amenazas por parte del crimen organizado a jueces y magistrados federales, lo que ha obligado a reforzar las medidas de seguridad para protegerlos.
Destacó que en un caso fue necesario solicitar la intervención del Ejército para escoltar a un juez que había sido “levantado” y amenazado la noche anterior al día en que debía dictar una resolución, y que fue cambiado de adscripción tras emitir su fallo.
Para complementar estas acciones, el Consejo de la Judicatura emitió el Acuerdo General 23/2012, que establece nuevas disposiciones en materia de seguridad en las instalaciones de juzgados, tribunales y oficinas administrativas del Poder Judicial de la Federación a su cargo.
“El clima de violencia e inseguridad que se vive en nuestro país genera la necesidad de cambiar sustancialmente la forma de ‘estar’, ‘transitar’ y ‘convivir’ en la sociedad, y de fortalecer las medidas de seguridad en los inmuebles públicos”, destaca el acuerdo, que desarrolla una nueva normatividad en diversos aspectos, como el acceso y la permanencia en sus instalaciones, entre otros.
El documento enfatiza la calidad de instalaciones estratégicas de los inmuebles que ocupan los titulares de los órganos jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura Federal, “dada la función de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano en los que se asienta uno de los poderes de la federación”.
Por ello, explica, se requiere de un nuevo diseño y fortalecimiento del plan estratégico de Seguridad Institucional, “acorde a las condiciones actuales del incremento de la criminalidad y de la transformación creciente de los órganos jurisdiccionales y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que es necesario establecer un nuevo marco normativo que responda a estos cambios sociales”, establece.