Por Abel Barajas
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Un juez federal negó a la PGR librar órdenes de aprehensión en contra de 48 funcionarios de varias dependencias y empleados de Sofoles, acusados de tramitar en forma presuntamente fraudulenta créditos hipotecarios del FOVISSSTE, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.
Eduardo Torres Carrillo, juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales del DF, rechazó girar las capturas por el delito de fraude, pues consideró que la PGR no acreditó que los inculpados pretendieran conseguir un lucro indebido con sus acciones.
Los funcionarios contra quienes procedieron penalmente laboran en las secretarías del Trabajo y Previsión Social; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como la de la Reforma Agraria.
También trabajan en la Lotería Nacional, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua, el Registro Agrario Nacional y la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, de acuerdo con datos de la Procuraduría.
Se trata de servidores públicos que tramitaron sus créditos de vivienda entre octubre y noviembre de 2007, por montos que van de 279 mil 783 a 473 mil 479 pesos, a los cuales no tenían derecho por el monto de sus ingresos, inferior a las cotizaciones vigentes.
Para la PGR, la trama de corrupción consistía en inflar la información de los ingresos de los burócratas, para que accedieran a un crédito inmobiliario del FOVISSSTE superior al que podían tener derecho con su salario real.
La autoridad supone que estaban de acuerdo tanto los derechohabientes como personal de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y hasta funcionarios del propio fondo de los trabajadores, pues había un beneficio para todos.
Los documentos de los empleados los entregó el FOVISSSTE a las desarrolladoras, para el trámite de solicitud de crédito ante bancos o Sofoles, pero los papeles ya llevaba alterados los datos de la antigüedad y las percepciones, que eran mayores a las reales.
En el caso donde el juez Torres negó las aprehensiones, aparecen casos como el de Miguel Ángel Campos Jiménez, de la STyPS, quien en la base de datos del FOVISSSTE aparece con un sueldo quincenal de 2 mil 723 pesos y un crédito hipotecario de 287 mil 469 pesos.
La PGR fracasó con esta consignación, al menos en la primera instancia, porque el juzgador llegó a la conclusión que la alteración de la información de los derechohabientes no fue realizada para conseguir un lucro de carácter ilegal.
El delito de fraude es una conducta con dos requisitos en la legislación vigente: el engaño y el lucro indebido. En este caso, el juzgador determinó que sólo existió el primero y por ello desestimó el expediente, quizá el más voluminoso en cuanto a números de aprehensiones negadas en el sexenio.
Desde el punto de vista del juez, más allá de que accedieran a una vivienda que pudiera ser más amplia que la que podían conseguir con su salario, al final los trabajadores iban a pagarla y el dinero les iba a ser descontado de sus percepciones.
La PGR se inconformó con esta resolución y apeló ante un tribunal el fallo del juez Torres, por lo que esta negativa de aprehensiones aún puede ser revertida.