En los sistemas democráticos, los poderes públicos deben ceñirse al ejercicio de las atribuciones expresamente conferidas por la ley, y respetar los derechos fundamentales, las normas y principios constitucionales, puntualizó.

NOTIMEX
México.- Las boletas electorales de 2006 están deterioradas, algunas se han perdido, otras se han mojado y borrado, por lo que ya no sirven para tener certeza sobre lo ocurrido en ese proceso electoral, afirmó el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Olimpo Nava Gomar.
Hizo ver que es difícil mantener por años esa documentación, -casi 40 millones de boletas y material de apoyo- en diferentes bodegas del país sin evitar su deterioro.
En este sentido, dijo que le parecía ¨curioso¨, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas haya dictado medidas precautorias para evitar la destrucción de ese material electoral, por estimar que posiblemente haya habido violación a derechos fundamentales de los ciudadanos.
Si el Alto Comisionado dictó esas medidas, resaltó, es porque consideró que sí se pueden actualizar esas violaciones, pero sostuvo que el acceso a esos papeles ya no servirá para comprobar esas violaciones, debido a su deterioro, insistió.
El magistrado Olimpo Nava mencionó que si se quiera tener certeza sobre lo ocurrido en esas elecciones, se puede tener con los resultados contenidos en actas que reflejaron desde el mismo día de la jornada electoral, lo que contenían las casillas.
Por ello, el magistrado del máximo tribunal electoral, le restó importancia a la medida decretada por la ONU. ¨Si finalmente hay acceso a las boletas, no se va a poder acreditar nada diferente a lo que ya consta en actas¨, afirmó.
Ello, al responder a una pregunta específica sobre este asunto, luego de su participación en el Seminario ?Retrospectiva y Prospectiva de la Democracia Electoral Mexicana?, organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal.
Ahí, también auguró que no prosperará la queja interpuesta por Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el sentido de que el Estado Mexicano, supuestamente no garantizó comicios equitativos en las elecciones de 2012.
Dijo que como estudioso y conocedor del derecho comunitario americano, puede asegurar que no hay posibilidad alguna de que como resultado de esa queja se pueda sancionar o condenar al Estado Mexicano, aunque respaldó el derecho de los inconformes de acudir a esa instancia internacional.
Insistió en que en todo momento, los magistrados del máximo tribunal electoral se condujeron con estricto apego a la ley y a la Constitución, para resolver las impugnaciones con los elementos que aportaron los partidos inconformes, y por ello resolvieron decretar la validez de la elección del 1 de julio pasado.
En ese sentido, coincidió con los también magistrados del TEPJF, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López, quienes en otro ámbito afirmaron que la actuación del tribunal, durante la calificación de la pasada elección presidencial, fue totalmente apegada a la ley.
Al participar como moderadores en el V Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral del TEPJF: la Elección Presidencial 2012, organizado por el propio tribunal, defendieron y justificaron sus resoluciones.
Al moderar la mesa: ¨La supuesta adquisición de propaganda encubierta¨, Galván Rivera consideró que la tarea de calificar los comicios en los que se eligió al futuro Presidente de México, constituyó una labor de alta complejidad.
La presunta adquisición de propaganda encubierta, comentó, es un tema en el que confluyen diversos aspectos, como el jurídico, el administrativo y el penal.
Comentó que pese a esa diversidad, la coalición que, en su momento, impugnó la elección pretendía que todo fuera atraído y resuelto por la autoridad judicial, pero sin aportar las argumentaciones suficientes para ello.
A su vez, el magistrado Manuel González Oropeza, se refirió a las encuestas y afirmó que éstas provocaron un incremento en las preferencias hacia el candidato considerado perdedor, más que en el aspirante ubicado en el primer lugar.
Agregó que las encuestas son una derivación de la libertad de expresión, de información y de opinión que se usan en cualquier sociedad democrática, razón por la que suprimirlas sería tanto como suprimir la libertad.
En tanto, al encabezar los trabajos de la mesa ¨La neutralidad gubernamental¨, el magistrado Pedro Esteban Penagos López destacó que la democracia es un sistema de reglas constitucionales y legales que norman el acceso al poder público.
Por ello, refirió, deben ser observadas tanto por las autoridades como por los partidos políticos, candidatos y ciudadanos.
En los sistemas democráticos, los poderes públicos deben ceñirse al ejercicio de las atribuciones expresamente conferidas por la ley, y respetar los derechos fundamentales, las normas y principios constitucionales, puntualizó.