Para evitar sean enviados a Estados Unidos, las personas acusadas de narcotráfico han optado por negar su propia identidad

Staff

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- Las agencias de Estados Unidos no siempre aciertan al señalar a integrantes de un cártel de la droga.

En los últimos años, personas que han sido acusadas de pertenecer a las organizaciones criminales de los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, de Joaquín “El Chapo” Guzmán y del Cártel del Golfo, se defienden en sus juicios para evitar ser extraditados al vecino País con el argumento de que son confundidos con un narcotraficante.

Uno de los últimos casos ocurrió el pasado 21 de junio con la detención de Félix Beltrán León, a quien los informantes de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) confundieron con Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán.

El Gobierno Federal tuvo que retractarse 24 horas después de que anunció la detención del presunto hijo de Guzmán Loera; sin embargo, la corrección tuvo un efecto legal: que el detenido no fuera sometido a juicio de extradición, aunque sí lo consignaron por portación de armas.

Pero esta no es la única confusión en los informes que reciben de las agencias estadounidenses, y que a su vez entregan a sus contrapartes mexicanas.

En 2002, la Agencia Federal de Investigación (la extinta AFI) detuvo en un bar de la Zona Rosa a quien se presumía era el capo Ignacio “Nacho” Coronel, pero resultó ser un ex agente federal.

Uno de los desaciertos más sonados ocurrió en 2005, con el arquitecto Joaquín Romero Aparicio, quien fue confundido con Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, uno de los líderes del Cártel de Juárez.

En aquella ocasión, informantes de la DEA aseguraron que era el hermano de Amado Carrillo, “El señor de los cielos” y, para demostrar la veracidad de su dicho, afirmaron que tenía un lunar en forma de media luna en un antebrazo, porque lo habían visto sin camisa en un rancho en Chihuahua.

Romero fue retenido el 2 de julio de 2005 por agentes de la SIEDO y posteriormente arraigado. Los informantes ratificaron que era él, aunque no tenía el lunar, de acuerdo con fuentes vinculadas al proceso.

Sin embargo, todo se vino abajo cuando contrastaron las muestras de ADN del arquitecto con las de Rodolfo Carrillo Fuentes, “El Niño de Oro”, quien fue asesinado en Culiacán el 11 de septiembre de 2004.

El empresario fue liberado al acreditarse que no era el capo sinaloense, por lo que decidió abandonar el País.



RESQUICIO LEGAL

Tras los fallos de la Suprema Corte de Justicia en materia de extradición y penas inusitadas, actualmente uno de los resquicios que encuentran las personas reclamadas por la justicia estadounidense es tratar de acreditar que no son la persona buscada.

Tal es el caso de Eduardo Arellano Félix, “El Doctor”, considerado uno de los líderes del Cártel de Tijuana, quien refutó en su juicio de extradición la fotografía que exhibió la DEA para identificarlo, la cual no correspondía a su persona, sino a su hermano Ramón Arellano, “El Min”.

Durante cuatro años, “El Doctor” --detenido en 2008 en Tijuana-- hizo que las autoridades judiciales valoraran más de una vez si un error de esta naturaleza debía impedir su extradición, pero al final perdió su amparo y el pasado 31 de agosto fue entregado a la Corte Federal, en San Diego.

Otro caso es el de Gustavo Rivera Martínez, “El Gus”, uno de los principales operadores de los Arellano, quien consiguió que magistrados federales dudaran que sea un narcotraficante.

Desde abril de 2008, cuando fue detenido en Baja California Sur, Rivera ha negado ser el méxico-americano que supuestamente traficaba drogas a gran escala por Tijuana y, por el contrario, afirma que es originario de Zacatecas y que se llama Carlos Herrera Ávalos.

En su juicio ha mostrado acta de nacimiento, pasaporte y licencias, con lo que consiguió que un tribunal colegiado dejara sin efecto la orden de entregarlo a Estados Unidos y reiniciara su juicio de extradición.



PROBLEMAS DEL JUEZ

El registro del nombre exacto de una persona extraditable parece una mera formalidad, pero incumplir con este requisito puede tener consecuencias inesperadas hasta para los juzgadores.

Tal es el caso de la juez federal Verónica Sánchez, quien en 2009 dejó en libertad a Osvaldo Guerra Sauceda, presunto lavador del Cártel del Golfo, porque estimó que no era la persona reclamada, ya que sus identificaciones indicaban que su nombre era Osvaldo Sauceda Guerra.

El hombre ya había confesado que era prófugo de la justicia estadounidense; pero esa declaración ministerial no constaba en el juicio de extradición y quedó en libertad gracias a que sus apellidos estaban invertidos en sus credenciales.