Quedaron sin
resolver casos de fraudes y sobornos

Por Mariel Ibarra
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Además de las irregularidades en el manejo de los recursos para los Festejos del Bicentenario, en donde destaca la polémica Estela de Luz, la Administración de Felipe Calderón dejó casos de corrupción sin resolver y que se heredan a la gestión del priísta Enrique Peña Nieto.
Entre los procesos pendientes se encuentran la megadeuda de Coahuila, el fraude en Melate, las acusaciones por soborno en contra del ex director de operaciones de la CFE, Néstor Moreno, o de funcionarios del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, así como las denuncias contra los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández por presunto lavado de dinero.
El año pasado se dio a conocer que durante el Gobierno de Humberto Moreira, el Estado de Coahuila contrajo una deuda de 33 mil millones de pesos.
A pesar de que la contratación de créditos por un monto de 16 mil millones de pesos se realizó con documentos falsos, hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha detenido a dos ex funcionarios federales implicados en el caso: el ex director de Deuda Pública de Estados y Municipios de la SHCP, Jaime René Jiménez Flores; y Jorge López Alarcón, ex jefe de Departamento por Honorarios, de la misma dependencia.
Sin embargo, Javier Villarreal, quien fuera el titular del Servicio de Administración Tributaria (SACTEC) de Coahuila, y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas, acusados de ser los responsables directos de la deuda ilegal, se encuentran prófugos.
Villarreal enfrenta en Estados Unidos acusaciones por lavado de dinero y está presuntamente relacionado con el lavado de dinero a través de la explotación de minas de carbón de Coahuila.
Las investigaciones que se siguen contra los ex gobernadores priístas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes son investigados por presuntos nexos con el narcotrafico y lavado de dinero, también quedarán inconclusas y serán heredadas a la nueva administración.
Hace unos días, la PGR dio un plazo de 90 días a los ex mandatarios para que comparezcan ante la autoridad para defender el origen legal de su bienes, pues de lo contrario se les decomisarán.
Desde de 2009, Yarrington tiene abierta una investigación en la PGR por lavado de dinero que fue retomada el año pasado, luego de que un informante se presentara en el Consulado de México en San Antonio, Texas, para declarar sobre las propiedades el ex mandatario.
La DEA también indaga al tamaulipeco y en los últimos meses ha realizado cateos a varias propiedades de gente cercana al ex gobernador.
Hernández no cuenta con orden de aprehensión, pero las autoridades han cateado varios bienes, asegurado otros y congelado cuentas bancarias.
La administración panista también dejará en manos del nuevo GOBIERNO, la estafa de 160 millones de pesos a Melate.
Un juez federal liberó en agosto pasado las órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de Pronósticos Deportivos y empleados de una compañía contratada para transmitir los sorteos, quienes simularon y grabaron un sorteo con los números que previamente había adquirido, pero no han sido detenidos.

Señalamiento
Tres de los casos más fuertes de corrupción en esta administración panista han sido dados a conocer y exhibidos desde Estados Unidos.
Uno de ellos, es el proceso contra el ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno, quien se encuentra encarcelado en el Reclusorio Oriente, acusado de enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 292 pesos. El martes se negó un amparo en contra del auto de formal prisión por el delito de cohecho.
La empresa BizJet International Sales & Support también reconoció entregar dinero a funcionarios del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal así como a empleados de los Gobiernos de Sonora y Sinaloa a cambio de contratos de mantenimiento de aeronaves.
El asunto se hizo público en marzo cuando la empresa se declaró culpable ante una Corte Federal de Oklahoma de haber pagado hasta 2 millones de dólares en sobornos entre 2004 y 2009.
La PGR inició una averiguación y pidió informes a las autoridades de EU, sin embargo, éstas lo harán hasta el próximo año a fin de que su investigación no se vea afectada.
A estos casos se le suma el dado a conocer por el periódico “The New York Times” sobre los 24 millones de dólares en sobornos a diversas autoridades pagadas por Walmart de México a fin de agilizar los trámites para obtener permisos de construcción de tiendas para lograr su expansión.
En este contexto, en mayo de este año, el Departamento de Estado de EU hizo por primera vez un señalamiento sobre la falta de eficacia para castigar la corrupción en México, pese a que existen leyes mexicanas que contemplan el castigo.