Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La desgravación de 480 productos agroalimentarios que se decretó el pasado 23 de noviembre, se dio de manera unilateral y es un atentado contra las empresas del sector, advirtió la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).
En un comunicado, el organismo expresó su inconformidad por esta medida que tomó la Secretaría de Economía durante los últimos días de la pasada Administración Federal.
La Confederación señaló que la desgravación de aranceles a 480 productos agroalimentarios e industriales, de los cuales 65% son agropecuarios y pesqueros, se dio de forma unilateral, apresurada y sin consulta con los sectores productivos nacionales.
“Al no cumplirse con el mandato de la Ley que establece un procedimiento de consulta previo a este tipo de decisiones, la desgravación unilateral representa un atentado contra el derecho de las empresas agroindustriales de contar con un grado mínimo de certeza jurídica que respalde sus proyectos de inversión que buscan generar valor agregado en México, desde el campo y hasta la mesa del consumidor”, subrayó Concamin.
La Confederación rechazó que se busquen políticas proteccionistas, sin embargo, advirtió que la indiscriminada apertura unilateral otorga concesiones a países que cuentan con esquemas de subsidios tanto a la producción como a la exportación de bienes agroalimentarios.
Además, dijo, la Organización Mundial de Comercio no ha podido regular dichas prácticas desleales de comercio.
“La desgravación unilateral es una política de apertura incongruente con el hecho de que el sector agroindustrial mexicano está entrando al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) y, precisamente ahora, cuando inician las rondas negociadoras, se reduce la capacidad de negociación de México”, subrayó la cúpula industrial.
Añadió que la Comisión de Agroindustria y Pesca de Concamin está evaluando en conjunto con los sectores las implicaciones y el daño que representa esta decisión unilateral, con el fin de tomar las acciones necesarias para amortiguar su impacto en la cadena de valor de los sectores agroindustriales.
Mientras tanto, solicitaron a las nuevas autoridades de la Secretaría de Economía tomar cartas en el asunto y privilegiar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para proteger a la planta productiva nacional y los empleos que ésta genera.