Busca Presidente Peña superar el rezago educativo en el País

Por Paloma Villanueva

y Antonio Baranda

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- La reforma constitucional en materia educativa presentada ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto establece que el ingreso al servicio docente se llevará a cabo mediante concursos de oposición “que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades de correspondan”.

En la reforma al Artículo Tercero, propone que una ley fije, además, los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio docente.

“Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”, se afirma en la iniciativa presentada en el Museo de Antropología.

La reforma al Artículo Tercero también otorga autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Además, señala que una Junta de Gobierno de cinco integrantes será el órgano de dirección del Instituto.

Esta junta, de acuerdo con la iniciativa, será propuesta por el Presidente, pero tendrá que obtener la aprobación de las dos terceras partes del Senado.

En un discurso en el marco de la presentación de la iniciativa, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, destacó que la evaluación docente, que quedará a cargo del INEE, debe ser obligatoria y no debe obedecer a caprichos ni a intereses particulares.

De acuerdo con Chuayffet, de aprobarse la iniciativa, conllevaría una evaluación magisterial obligatoria, no potestativa y que produzca consecuencias jurídicas.

“(La evaluación propuesta) no obedece a caprichos ni a intereses particulares, no puede pactarse o diferirse, sino que debe ajustarse a los criterios que fije un organismo autónomo confiable propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Senado”, dijo.

Consideró que la profesionalización docente requiere de un proceso de evaluaciones formativas y sumatorias del que deriven datos para mejorar los programas de formación de docentes y un sólido sistema de incentivos y estímulos.

Definió a la calidad educativa como el condicionante de toda la reforma.

“La iniciativa que hoy (ayer) se presenta propone en el Artículo Tercero Constitucional, un sistema profesional de los docentes. Ellos son protagonistas del proceso, y es obligación del Estado darles certeza en su ingreso, permanencia y promoción del servicio”, señaló.

Agregó que la discrecionalidad muchas veces deja de lado a miles de maestros con la preparación y capacidad necesarias para acceder a las tareas de dirección y supervisión, por lo que la iniciativa propone declarar nulos los ingresos y promociones no realizados conforme a la Ley.

En sus artículos transitorios, la iniciativa prevé la realización, “durante el 2013”, de un censo de escuelas, maestros y alumnos, “que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo”.

Para lograr la profesionalización docente, explicó Chuayffet, se requiere información homogénea y confiable que se actualice permanentemente y que no existe actualmente.

Por otro lado, criticó que a pesar de que en México el gasto público en educación representa el segundo más alto del mundo después del de Nueva Zelanda, y del aporte del magisterio y la participación social; México no ha superado sus debilidades y rezago en materia educativa, ni ha asimilado la transformación tecnológica mundial.

Calificó a la Secretaría de Educación Pública como un archipiélago que debe ser revisado críticamente para que vuelva a ser la dependencia del Ejecutivo que ejerza la rectoría del Estado en la materia.

“Que diagnostique problemas, establezca metas y objetivos, elija la pertinencia de las estrategias y dé seguimiento puntual a las evaluaciones, y ayude así a renacer un sentimiento social como el que caracterizó al gran período de la emoción colectiva por la educación, a partir de 1920”, abundó.