Por Antonio Baranda
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación puso en su lista de prioridades para el próximo año avanzar en instauración de los juicios orales en la República que, por ley, deberán estar en plena operación a más tardar en 2016.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, la dependencia promoverá la consolidación de las instancias estatales encargadas de aterrizar la reforma constitucional penal de 2008.
A través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia (SETEC), también coadyuvará con los estados en la “confección” de su normatividad (reformas complementarias).
“Una línea estratégica es (...) procurar vínculos para la realización conjunta de acciones para continuar con la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el País. Se fortalecerá la cooperación internacional en esa materia”, indica.
La Segob solicitó a la Cámara de Diputados 562 millones 144 mil 524 pesos para la implementación de la reforma. De esa cantidad, 458.9 millones corresponden a subsidios para estados y municipios.
De aprobarse su propuesta, el rubro de subsidios aumentaría 3.5% en comparación con el presupuesto de este año, que asciende a 443.4 millones. Su orientación se focaliza en la ejecución de proyectos locales para reformas, capacitación, difusión, equipamiento, infraestructura y reorganización institucional.
“Transmitir a la población los beneficios de las reformas al sistema de justicia penal como un medio donde se favorecen los derechos humanos y la impartición de justicia”, se lee en la “Estrategia Programática” del Proyecto.
El Libro Blanco de la SETEC reconoce que apenas 11 estados tienen el nuevo sistema acusatorio-oral: 3 en etapa de operación total (Morelos, Estado de México y Chihuahua), y 8 en parcial (Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Guanajuato y Baja California).
Antes del cambio de Gobierno, la Segob trazó en este documento los retos que enfrentará la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto para instaurar el nuevo modelo de justicia penal en todo el País: Concluir los cambios normativos en los estados; aprobar un nuevo programa de capacitación; unificar la legislación procesal penal; fortalecer el modelo de gestión (formas de trabajo, procesos y estructuras); y cambiar la mística y mentalidad de los operadores, entre otros.
“Cada uno de los ejes de trabajo desarrollados por la secretaría técnica tendrá aún que continuar en sus procesos de adaptación y servicio a cada uno de los operadores (...), pues su trabajo no termina simplemente con el paso del tiempo. Se trata de un trabajo permanente.
“Además de continuar con toda intensidad el trabajo en las áreas de operación de la implementación, la reforma tendrá que abrirse paso decisivo en nuevos actores que estén relacionados con el cambio cultural de la sociedad”, recomendó.
Cabe recordar que el Pacto por México incluye entre sus compromisos tomar las medidas necesarias a nivel federal y estatal para instaurar el sistema acusatorio- oral, así como implantar en todo el País un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales Únicos.