Blanco de la delincuencia organizada los centros de denuncia

Por Doris Gómora y Marcos Muédano

EL UNIVERSAL

CD. DE MÉXICO.- Por más de 16 horas permaneció secuestrado dentro del taxi de Toluca y con los tres hombres repitiéndole que a partir de ese momento no volvería a pasar una sola llamada de denuncia que recibiera a su jefe, ahora ellos serían los encargados de decirle a quien entregar la información, José “N” cansado, con sueño y hambre sólo les decía que él era un simple operador de un centro de denuncia ciudadana, para los miembros de “La Familia Michoacana” él era una nueva fuente.

El reto del nuevo gobierno en materia de seguridad deberá incluir a los call centers de los gobiernos federal y estatales, a excepción de los usados por las Fuerzas Armadas, donde se reciben las llamadas de denuncia anónima y donde la agencia antidrogas de Estados Unidos ha ubicado que los cárteles del narcotráfico han centrado sus amenazas sobre los operadores y corrompido a supervisores, señala información proporcionada por la DEA.

Desde hace cuatro años la agencia antidrogas comenzó a identificar que los cárteles del narcotráfico amenazaban a los operadores de los call centers de gran parte de los estados del País para que modificaran los reportes o les avisarán de quien se trataba.

Sin embargo, desde principios del 2011 descubrió que además miembros de los cárteles secuestraban a los operadores para amenazarlos directamente y de esa forma trabajaran para ellos, al igual que los supervisores quienes tienen mayores niveles de vida que los permitidos por sus ingresos laborales en el gobierno.

La mayoría de los secuestros contra los operadores son express, saliendo de su centro de trabajo, o por dos días, en autos, la cohersión es física o sicológica y el impacto es alto debido a que los salarios son bajos, por honorarios, sin prestación alguna y eso provoca que los operadores y supervisores por miedo o dinero acepten colaborar con el crimen organizado, se indica.

En el caso de los estados de México, Morelos, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila el número de casos de operadores de los call centers de denuncia anónima secuestrados por la delincuencia organizada aumentó, pero las víctimas no presentaron queja.

Al respecto Luz del Carmen Díaz Galindo, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que debido a esas amenazas y de mayor magnitud se han tenido que reubicar a personal junto con sus familias, y es un tema que se debe considerar como necesario.

En entrevista, Díaz Galindo precisó que el personal que han evaluado a nivel nacional ha recibido amenazas de parte del crimen organizado, “claro que sí, también corren el riesgo, y es una parte importante que tener claro, no solo es el querer identificar riesgos de los que están metidos, sino también qué necesidades tienen de protección. Por supuesto que los han amenazado, por supuesto que han amenazado a sus familias”.

Al respecto mencionó que es una cifra importante de personal que ha sido amenazado, “es muy claro que en los estados donde hay mayor incidencia delictiva, el riesgo es mayor, porque están confrontando”.

En estos casos, agregó, el personal reporta a su institución y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hace un reporte o una recomendación a la Institución para que tomen medidas de protección y después procede la Procuraduría General de la República (PGR).

En algunos casos, expresó, cuando las amenazas son mayores o contra la familia se cambia al personal a otras posiciones o se decide el cambio a otra ciudad, y la mayoría de los casos de personal amenazado se registran en los estados del norte, pero también en Chiapas, Oaxaca y centro del país.

Adicionalmente, comentó que se debe de fortalecer la investigación sobre el nivel de ingresos de personal para determinar si compagina con sus percepciones, y además se tiene el reto de lograr acuerdos con las instituciones bancarias para lograr acceso a información de cuentas bancarias.

Por su parte, Juan Ramón Manjarrez Peñuelas, director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Sinaloa informó que han “detectado que hay algunos elementos que tienen casas, autos y propiedades que no pueden pagar con su sueldo, por lo que se reporta”.

En el caso de Sinaloa, agregó, hay indicadores de elementos que están ligados a actos de corrupción o a la delincuencia organizada, algunos tienden a recurrir a documento falsos y a recibir dádivas de la ciudadanía.