Domingo, 30 de Diciembre de 2012 07:00
Son un caos aplicar exámenes de control de confianza a policías, prisiones, procuradurías estatales y federales
Por Rolando Herrera
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Los exámenes de control de confianza con los que se pretende depurar las policías, prisiones y procuradurías estatales y federales son un caos, de acuerdo con especialistas.
A casi cuatro años de haber sido establecidas en la ley, las evaluaciones reportan fallas en su diseño, incumplimientos en su aplicación y dudas sobre su utilidad como instrumento para medir la confiabilidad de los servidores públicos.
Bernardo Gómez del Campo, autor del libro “En Búsqueda de un Perfil Policial Mexicano”, señaló que, por ejemplo, una de las principales fallas es que se desconoce qué aptitudes, habilidades, conocimientos y capacidades deben tener los servidores públicos de acuerdo con el perfil de su puesto.
Derivado de esto, dijo, se les aplica una misma evaluación a todos.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización ciudadana que ha dado seguimiento al proceso de depuración a nivel nacional, coincidió al señalar que no ha estado bien calibrado el examen.
“Te ponían no apto cuando estabas gordo, cuando (esto) no era relevante para el perfil de tu puesto”, afirmó.
“(A) otros que tenían problemas con su manejo de estrés, en lugar de calificarlos como aprobados con restricciones y enviarlos a terapia o cambiarlos de adscripción, les ponían no apto. Ahí se nos fue mucha gente que sí valía la pena”.
Otro problema, añadió Morera, es la opacidad con la que operan las evaluaciones de control de confianza, en la que los examinados no tienen acceso directo a sus resultados ni pueden solicitar la revisión de sus pruebas, lo que puede generar actos de corrupción al interior de las corporaciones policíacas.
Además, pese a que la evaluación entró en vigor en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública hace cuatro años, hasta el 31 de octubre pasado aún faltaba por examinar a más del 30% de un universo de 420 mil 349 servidores públicos.