Por Diana Baptista
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República busca fortalecer los procesos de investigación de la corporación y darle mayor peso a las pruebas científicas y las evidencias periciales.
A pesar de que la Ley Federal de Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal entró en vigor en diciembre, la PGR está llevando a cabo reuniones para limitar el uso de la figura del testigo protegido.
La Ley fue promovida durante la Administración del ex Presidente Felipe Calderón, y se encarga de regular el resguardo a individuos que rindan testimonio o pruebas que conduzcan a investigar, procesar o sentenciar a miembros de la delincuencia.
“Lo que se pretende es tener todas las investigaciones suficientemente sustentadas para no tener que hacer uso de estas figuras”.
“Necesitamos herramientas científicas que nos permitan sustentar, acreditar los delitos de los que son acusadas las personas, y no tener que usar el recurso de lo que se dice, o que el testigo protegido escuchó tal o cual cosa”, aseguraron fuentes de la dependencia.
La línea de la nueva administración de la dependencia es redefinir y enriquecer la ley por lo cual en las últimas semanas se han llevado a cabo reuniones entre autoridades, en las que se valoran los instrumentos humanos y técnicos que se tienen dentro de la Procuraduría para no tener que recurrir al uso de testigos protegidos en casos futuros.
Ernesto Villanueva, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró acertado acotar el uso de la figura del testigo protegido, puesto que los casos no pueden sostenerse teniendo como única evidencia el testimonio de dichos individuos.
“Los testigos protegidos se convirtieron en el mecanismo más solicitado por las autoridades federales para justificar las aprehensiones y los arraigos, y un mismo testigo sabía de todo. El problema es que esta figura no se puede constituir como el único argumento ante la ley”, dijo Villanueva.
Las autoridades deben reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, propuso el investigador, para que desde ella se acote el uso del testigo protegido con el fin de dar mayor peso a las pruebas recabadas por los Ministerios Públicos.
“Hay que priorizar el ejercicio de investigación policial, de inteligencia y peritaje”, opinó, “y reformar el artículo 40 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que el caso lo forme el conjunto de pruebas, no el decir del testigo protegido”.
De acuerdo con la ley, se debe de crear un Centro Federal de Protección a Personas, un órgano autónomo de la Procuraduría, a la que se le designará un director que celebrará los acuerdos con quienes puedan servir como personas protegidas o testigos colaboradores.
El Centro estará obligado a garantizar la integridad física y psicológica del testigo, así como a brindarle asistencia médica, sanitaria, jurídica y económica. La ley no considera reducción en las penas de aquellos testigos que hayan sido miembros de grupos delincuenciales.
Aunque la creación de dicho Centro está todavía en proceso, pues se están evaluando los recursos humanos que formarán parte de él, la PGR confía en que estará integrado por personal altamente capacitado.
En cuanto a las personas que actualmente se tratan como testigos protegidos, agregaron las fuentes, se está haciendo un análisis de cada caso para valorar si continuar utilizándolos o no.