EL UNIVERSAL
DURANGO.- Venta de droga, extorsiones, prostitución y secuestros entre los mismos internos fueron los motivos que orillaron a las autoridades de seguridad de Durango al cierre del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Gómez Palacio, el 19 de diciembre de 2012.
A un mes de la masacre ocurrida en el interior de este penal —que dejó como saldo 24 muertos, 15 reos y nueve custodios, entre ellos una mujer madre de hijos pequeños—, la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, expuso los motivos por los que se realizó el desmantelamiento del lugar.
“En el lugar existía una corrupción muy grande y un autogobierno de los delincuentes que realizaban venta de droga, extorsiones, secuestros de los mismos internos a cambio de que los familiares les dieran dinero”, refirió la fiscal al detallar parte de lo que han ido revelando las investigaciones.
Reconoció que el Cereso número 2 representaba una fuente de ingresos muy importante para las organizaciones criminales que operan en esta región, del lado de Durango, el cártel del Pacífico, y de Coahuila, Los Zetas. “Existía narcomenudeo y prostitución, por lo que el cierre es una cuestión que les afecta su función como grupo criminal”, aseguró.
Sobre las investigaciones de la masacre ocurrida en el centro penitenciario el 18 de diciembre de 2012, dijo que hay una averiguación muy grande, por lo que se hizo un desglose de las indagatorias; “existen avances suficientes y se trabaja conforme a los datos que se tienen pero falta alguna información, no obstante se va a ejercitar acción penal por alguna responsabilidad”, añadió.
En diciembre pasado, un intento de fuga en el Cereso número 2 de Gómez arrojó la muerte de 24 personas. Este incidente, de acuerdo con autoridades estatales de seguridad, fue una reacción al traslado de 137 reos federales que se llevó a cabo un día antes de los hechos violentos cometidos dentro del penal.