Por Benito Jiménez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Tras la polémica que desató la liberación de Florence Cassez por abusos cometidos durante su captura, los elementos de la Policía Federal deberán portar a partir ahora una cartilla que leerán a las personas a las que detengan, en la que se indican sus derechos básicos.
“Usted se encuentra detenido por los siguientes motivos...”; “tiene derecho a declarar o guardar silencio”, “en caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su País sea notificado de su detención”, indica la cartilla.
En rueda de prensa, el subsecretario de Normatividad de Medios de la Segob, Eduardo Sánchez Hernández, indicó que “no es admisible, ni lo será durante este Gobierno, que la conducta de las autoridades dé lugar a actos de arbitrariedad que lastimen a la sociedad; y mucho menos, aquellos que puedan derivar en impunidad e injusticia”.
De acuerdo con el funcionario, se ha instruido a la Policía Federal para que todos sus elementos reciban un refuerzo de capacitación sobre los protocolos
La Constitución en su artículo 16 establece que: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad”.
Hasta ahora, la Policía Federal no contaba con un protocolo de detención. En respuesta a una solicitud de información, la dependencia alegó la inexistencia de ese documento.
En el caso de la Sedena y la Marina se indicó que sus elementos deberán portar de manera obligatoria la cartilla sobre derechos humanos al momento de sus operativos.
Ambas dependencias aseguran que sus efectivos ya cuentan con esa cartilla y que además son sometidos a cursos sobre derechos humanos. Además, ambas fuerzas armadas cuentan con protocolos de revisión en sus puestos de control vehicular.
“Se llevará a cabo una revisión pormenorizada a los manuales de procedimientos y protocolos que actualmente son utilizados por las autoridades federales en materia de investigación y aprehensión de presuntos delincuentes.
“El propósito de esta revisión es identificar aquellos vicios que pudieran constituir un obstáculo para la procuración y administración de justicia; así como para la protección de los derechos humanos”, explicó Sánchez.
En cuanto a los manuales de procedimientos y protocolos en los que participa el Ministerio Público Federal --desde el inicio de la averiguación previa y hasta la conclusión de los procesos penales en los que intervenga--, también serán analizados, expuso.
El Gobierno Federal también prevé acelerar la implementación, operación y ejecución del nuevo Sistema de Justicia Penal en el cual participan policías, ministerios públicos, peritos, defensores y jueces.
“Este sistema contribuye a que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el Poder Judicial determine la culpabilidad o inocencia de una persona”, pronunció el subsecretario.
“Los legítimos anhelos de justicia de los mexicanos no deben truncarse por errores o violaciones al debido proceso que las autoridades deben observar en el desempeño de sus obligaciones”.