Por Elena Michel

EL UNIVERSAL

CD. DE MÉXICO.- El Gobierno Federal alista cambios en la Ley General de Víctimas, que vetó el ex Presidente Felipe Calderón y que la nueva administración decidió publicar.

La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, consideró que aun cuando la Ley de Víctimas, promulgada por este Gobierno, es “bondadosa”, también es “perfectible”.

Al participar en el foro “Derechos de las víctimas y la nueva Ley General de Víctimas”, organizado en el Senado de la República, Benítez anunció que ya se trabaja en una propuesta para ajustar el ordenamiento, que será enviada, “en breve”, al Congreso.

Entre los cambios a dicha ley, la funcionaria destacó la importancia de acotar el catálogo de delitos por los cuales el Estado está obligado a reparar el daño; establecer claramente en la redacción que en primer lugar, la víctima tratará de cobrar la indemnización con cargo al patrimonio del sentenciado, y una vez que pase eso, entonces en forma subsidiaria el Estado hará la compensación, y adelgazar la estructura del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Benítez aclaró --en entrevista posterior al evento-- que el Gobierno “no ha definido aún el esquema en cómo se presentaría la iniciativa de reformas; eso está por definirse”. Pero dijo que la propuesta, revisada con miembros de la sociedad civil, se enviará a la brevedad al Congreso.

“La ley es buena, pero la ley tiene problemas. Si nosotros consideramos que así debe quedarse, no vamos a favorecer la aplicación y la debida ejecución de la Ley. Creo que los que estamos convencidos de que éste esquema puede funcionar y que es un buen instrumento jurídico, tendríamos que hacernos cargo, hay que hacerle cambios a esta ley, y en esto ya estamos trabajando”, dijo Benítez.

-Proceso polémico

La Ley General de Víctimas ha sido polémica. El Gobierno de Felipe Calderón la vetó al calificarla de inconstitucional y de que su planteamiento la hace “inoperante” e “ineficiente”, mientras que miembros de la sociedad civil la celebraron. La ley entra en vigor el 9 de febrero.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ernesto Cordero, consideró que esta ley “nunca debió publicarse” porque –agregó-- tiene “muchas deficiencias y carencias”.

“La intención de los senadores del PAN es actuar con responsabilidad y no con demagogia, nosotros no buscamos el aplauso de unos cuantos, lo que queremos es que la legislación en el tema de víctimas sea de largo plazo, y que efectivamente atienda el problema”, dijo Cordero.

El presidente de la Comisión de Justicia (PAN), Roberto Gil, informó que al año se denuncian --en promedio-- 2 millones de delitos de todo tipo, y la reparación del delito en la ley publicada asciende hasta un millón de pesos por cada caso. “Plantean un problema financiero serio”, dijo.

Carlos Elizondo Mayer-Serra, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que esta ley “es un desastre”, y envió un mensaje al escritor Javier Sicilia, uno de los principales defensores de dicho ordenamiento: “La poesía no es un buen inspirador para las leyes. Decía Javier Sicilia que preocuparse por tecnicismos es mundano; perdón, las leyes tienen que estar técnicamente bien hechas”.

José Roldán Xolpa, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explicó que si los servidores públicos hacen algo mal, es obligado pagar, pero aclaró que el pago de las indemnizaciones tendrá un costo para la sociedad, pues los recursos deberán salir, por ejemplo, del aumento de impuestos.