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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El número de quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se incrementó 42% en 2012, de acuerdo con el informe anual del organismo presentado ayer por el ombudsman Raúl Plascencia.
Según el reporte, las quejas el año pasado sumaron 41 mil 662, por 29 mil 439 en 2011.
Las autoridades señaladas con más frecuencia en 2012 como responsables de violar los derechos humanos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con mil 876 quejas; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con mil 503, y el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con mil 12.
La CNDH emitió el año pasado 93 recomendaciones, 15 de ellas dirigidas a la SEDENA, 7 a la SSP y 6 a la Secretaría de Marina.
Los órganos que rechazaron recomendaciones fueron la SSP, el Gobierno de Sonora y los ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y El Salto, en Jalisco.
Al presentar el informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Plascencia reprochó en particular la negativa de la SSP a aceptar recomendaciones de la CNDH.
“En el periodo que se informa, dicha Secretaría no aceptó una recomendación referente al caso de la detención arbitraria de dos personas, desaparición forzada y privación de la vida de una de ellas en el Municipio de Cuernavaca”, detalló.
“Asimismo, no ofreció evidencias suficientes que permitieran observar acciones orientadas al cumplimiento total de la recomendación emitida por violaciones graves a derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero”.
Por ello, destacó, la CNDH hizo uso de la reciente atribución que le concedió la reforma constitucional en materia de derechos humanos y solicitó al Senado citar a comparecer al entonces titular de la dependencia federal, Genaro García Luna, para que explicara puntualmente los motivos de su negativa.
“Este procedimiento constitucional es preciso regularlo como un moderno mecanismo de rendición de cuentas para propiciar una mayor observancia de los derechos humanos”, apuntó.