Los casos nuevos de la revisión de cuentas en las campañas políticas indican que el organismo requiere un cambio profundo

Por Jaime Cárdenas

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- El caso Monex y los recientes proyectos de dictamen y de resolución que revisan los gastos de la campaña presidencial de 2012 son síntoma de la descomposición que el IFE sufre como institución. El órgano electoral federal necesita no sólo un lifting, requiere un cambio profundo y, tal vez, su sustitución por un órgano electoral de características diferentes, posiblemente la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, con consejeros electos democráticamente.

La unidad técnica de fiscalización no es supervisada ni vigilada permanentemente por los consejeros electorales. Estos se enteran de los resultados de las auditorías poco antes que la opinión pública. No han advertido que la autonomía de la unidad de fiscalización es sólo es de gestión -para asuntos administrativos-, pues la Constitución no la dota de autonomía técnica como sí hace con la contraloría del IFE. Por esa inadvertencia, la unidad de fiscalización desarrolla su actividad sin participación asidua de los consejeros y, además, lo hace en la opacidad, porque sus investigaciones son legalmente confidenciales. Fue un invento de la reforma constitucional electoral de 2007 y se creó para que nunca más hubiera sanciones como las de Pemexgate y Amigos de Fox.

La función de fiscalización no puede confiarse exclusivamente a unos burócratas que trabajan en la oscuridad, con criterios técnicos o de otro tipo, que son desconocidos para la sociedad, y probablemente con interferencias indebidas.

El caso Monex inició el 26 de junio de 2012, cuando el PAN presentó una denuncia ante el IFE y la FEPADE y entregó como pruebas dos tarjetas Monex Recompensa, con sus respectivos testimonios notariales, de dos ciudadanos de Guanajuato que aseguraron haber recibido los monederos electrónicos como pago por su desempeño en la estructura electoral del PRI. En su escrito, el PAN demandó la investigación correspondiente, asegurando que el PRI había destinado 700 millones de pesos para este propósito.

Después, la coalición Movimiento Progresista recibió 33 facturas y una relación de depósitos para la adquisición de tarjetas Monex por un monto de 108 millones 200 mil 764 pesos. En dichas facturas aparecen como clientes el Grupo Comercial Inizzio, S. A. de C. V., y la Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C. V., que compraron a Monex 10 mil 674 tarjetas, con sus respectivas cargas de “saldos prepago”. Después, en entrevista con Reforma, el director de Monex admitió tácitamente la autenticidad de las facturas.

El 19 de julio de 2012 el PRI aseguró que había contratado a la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C. V., para manejar 7 mil 850 tarjetas, por un monto total de 66 millones 326 mil 300 pesos y que estos recursos sólo se habían distribuido el día de la elección para pagar a quienes participaron como integrantes de su estructura electoral.

A partir del día 13 de julio de 2012, la coalición Movimiento Progresista recibió tarjetas denominadas Monex-Lealtad, Monex Recompensa, y Broxel Monex Lealtad Internacional. La mencionada coalición entregó a las autoridades electorales federales una relación de 4 mil 891 personas que recibieron tarjetas del banco Monex. Según la coalición, las personas beneficiadas no necesariamente actuaban como representantes de casilla, sino como promotores del voto a favor de Enrique Peña Nieto. La coalición sostuvo que debieron ser utilizadas alrededor de 260 mil tarjetas Monex en todo el País. Un promedio de cuatro por sección, lo que llevaría a sostener que sólo por este concepto, la coalición Compromiso por México, a través de múltiples empresas fantasmas, contrató más de mil millones de pesos con el Banco Monex.

El caso Monex evidencia las inadvertencias y las complicidades de la autoridad electoral federal con el PRI, principalmente de la unidad técnica de fiscalización. Ésta nunca se percató, a pesar del contrato entre el PRI y la empresa Alkino, que se contrató un crédito por 66 millones de pesos. Lo anterior es relevante porque si el PRI contrató con Alkino un crédito, la unidad de fiscalización debió haber señalado la infracción del PRI, porque éste no le informó la apertura del crédito, de acuerdo a lo previsto en el artículo 326 del Reglamento de Fiscalización. A la unidad de fiscalización no le pareció sospechoso para efectos de su exigua y limitada investigación. Tampoco el PRI informó la renegociación de la deuda con Alkino en noviembre de 2012. Al no haber reportado el PRI este último contrato de renegociación incumplió con el numeral 2 del artículo 326 del Reglamento de Fiscalización.

Sin embargo, lo más grave de todo el esquema de Monex, es que Alkino no tenía fondos suficientes para prestar al PRI. Esos fondos provinieron de contratos de Alkino con otras empresas como Atama. La última celebró diversos actos jurídicos con Grupo Comercial Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra, con la finalidad de que se utilizaran las cuentas aperturadas de las últimas empresas en Banco Monex para la contratación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de prepago. En esas cuentas fueron realizados depósitos de comercializadora Atama, así como de otras personas físicas y morales que habían sido denunciadas por el Movimiento Progresista, con objeto de pagar el servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos mediante las tarjetas Monex.

Este esquema de piramidación no fue investigado por la unidad de fiscalización, que se concretó a estudiar, por cierto mal, las relaciones jurídicas y financieras entre el PRI y Alkino, cuando la última era parte de un esquema de ingeniería financiera que comprendía a Atama, Inizzio, Efra y, desde luego, a Monex. Al no investigar ni establecer las relaciones jurídicas y financieras entre todas esas empresas con el PRI, la unidad incumplió sus obligaciones legales para investigar la licitud o ilicitud del origen de los recursos. Desde luego, tampoco realizó una investigación completa sobre el destino de esos recursos y se concretó a investigar un universo limitado de tarjetas Monex.

*El autor es investigador del IIJUNAM, ex consejero electoral y ex diputado del PT.