Francisco Valdés Ugalde

En América Latina hay una polémica crucial acerca de si la democracia representativa es un derecho. En septiembre de 2001 los Estados miembros de la OEA firmaron la Carta Democrática Interamericana. Durante más de una década sus principios no fueron motivo de conflicto. Sin embargo, la ruta sociopolítica seguida por Venezuela, Ecuador y Bolivia ha conducido a cuestionamientos a la Carta y a otras instituciones protectoras de derechos en el sistema interamericano.
Señaladamente, el gobierno de Venezuela ha cuestionado la validez de la Carta. También ha amenazado con denunciar la competencia de la CIDH y la Corte correspondiente, poniendo en entredicho su obligación de allanarse al Pacto de San José en asuntos como la libertad de prensa y otros derechos civiles que son esenciales para la existencia de un sistema democrático, entendido como un sistema en que la oposición al poder establecido es un derecho humano. Y el ejercicio de este derecho está asociado a la existencia de otros como las libertades de prensa, reunión y asociación.
El conflicto es la disputa en torno a la posibilidad de formación de nuevas mayorías bajo condiciones de igualdad y libertad, así como los derechos de las minorías en un esquema pluralista de distribución del poder con contrapesos que garantice y profundice el carácter representativo del Estado. Los actuales gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia se formaron después de catástrofes políticas caracterizadas por el derrumbe de las instituciones políticas preexistentes que pusieron en jaque el sistema de partidos y la competencia con alternancia entre ellos.
Ese derrumbe catastrófico es un común denominador en la historia contemporánea de los tres países y tiene como trasfondo la honda separación entre élites y sociedad. Dicho de otro modo, como la democracia y la oligarquía tienden a ser mutuamente repelentes, en esos países las democracias previas a los gobiernos mencionados se derrumbaron y con ellas su escaso componente democrático. En su lugar se emprendieron rutas de formación de regímenes que quieren distinguirse de la democracia liberal y que, de hecho, se construyen contra ella.
El alejamiento entre los órganos del Estado y la sociedad en los regímenes previos al “bolivarianismo” abrió el espacio para el surgimiento de líderes cuyas propuestas residen en fundar nuevos sistemas sobre bases distintas a las de la democracia representativa. En la ciencia política estos procesos han sido descritos como cesarismo, en alusión a lo ocurrido en la Roma antigua en la que la decadencia y crisis de la república abrió paso a la dictadura de Julio César. El poder colegiado y representativo, aun en las condiciones de Roma antigua, se deshizo no bien la élite gobernante y los gobernados fueron incapaces de mantener y fomentar la relación de representación que exige el republicanismo.
Algo equivalente ocurrió en estos tres países andinos. Sus élites gobernantes entraron en un proceso de descomposición que hizo imposible la estabilidad de las instituciones democráticas al defender esencialmente los poderes rentistas enquistados en la cúspide de la pirámide social mientras una vasta mayoría de la población quedó relegada.
La democracia como sistema de gobierno se derrumba si pierde o atenúa su carácter representativo al grado de cerrar el acceso de la población a la toma de decisiones principales. Aun si todos los gobiernos democráticos dejan mucho qué desear en cuanto a la participación del pueblo en las decisiones importantes del Estado, el sistema que más lo propicia es el democrático y representativo en un esquema de división de poderes.
Con más frecuencia a partir de 2010 se han multiplicado las críticas de diversos gobiernos a la Carta Democrática. Estas críticas se dirigen especialmente al señalamiento que en ella se hace de que “los pueblos de América tienen de derecho a la democracia (representativa) y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.
Los profundos cambios constitucionales realizados en estos países han abierto el camino para establecer formas de gobierno que concentran el poder en una cúspide presidencial conectada con las “masas”. Estas formas han conseguido perpetuarse y requieren de una justificación que no pueden ni podrán encontrar en las doctrinas de la democracia representativa. De ahí su postura frente a la Carta Interamericana, que consiste en poner en duda que la democracia sea un derecho y que los derechos humanos le sean consustanciales. La pregunta que subsiste es si son sostenibles las reformas sociales, económicas y políticas que se han edificado sobre los nuevos pilares constitucionales. Mientras la relación del césar con la sociedad sea el hilo principal sobre el que se mantienen, la pregunta no admite respuesta positiva.