Se ha visto agravada la tensión entre la UPOEG y la CRAC

Por Jesús Guerrero

AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO.- Miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) tomaron ayer la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Jolochitán, Costa Chica de Guerrero.

La ocupación de instalaciones, ocurrida en la comunidad adscrita al Municipio de San Luis Acatlán, agrava la tensión que ha crecido entre ambas organizaciones que tienen como tarea fundamental organizar la autodefensa de los pueblos indígenas en las regiones de la Montaña y Costa Chica.

El párroco Mario Campos Herrera y Cirino Plácido Valerio, hermano del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido, encabezaron la intervención en el sitio donde la Policía Comunitaria de la CRAC ha realizado sus funciones desde la década de los 90.

Mientras la CRAC se fundó hace 17 años con un grupo de civiles integrados en la Policía Comunitaria para amonestar a delincuentes y, en su caso, juzgarlos en la Casa de Justicia y sancionarlos a través de trabajo comunitario, la Unión de Pueblos organizó en enero pasado la instalación de retenes de revisión, operación a la que se contraponen los integrantes de la Coordinadora Regional.

El asalto al inmueble se realizó mientras en otro lugar de la misma comunidad se realizaba la asamblea de la Coordinadora en que se aprobó el cambio de los seis coordinadores regionales de la organización y que se formalizará en una próxima reunión.

En la asamblea de ayer se discutió también la confusión que prevalece entre pobladores de otros municipios de la Costa Chica respecto de la procedencia de los civiles armados que asumen la vigilancia de las comunidades.

Miembros de la UPOEG se han hecho pasar por miembros de la corporación Policía Comunitaria al momento de instalar los puestos de revisión o encarar al gobernador Ángel Aguirre Rivero en los acercamientos que ha tenido con los líderes de los guardias civiles.

Los dirigentes de la CRAC, Pablo Guzmán y Valentín Hernández, se deslindaron de las acciones de la UPOEG.

Sin embargo, los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, quienes son fundadores de la CRAC y son consejeros de esta organización, arremetieron contra Guzmán y Valentín, acusándolos de desviar recursos.

Cirino Plácido agregó que estos últimos incumplieron el acuerdo de realizar la asamblea de ayer en Santa Cruz del Rincón, Municipio de Malinaltepec, donde quería participar en el nombramiento de los nuevos coordinadores.

La UPOEG es la organización con la que el Gobierno del Estado negoció la entrega de 11 de las 54 personas que detuvieron los grupos de autodefensa.

Por su parte, el director general del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán, Abel Barrera, acusó al gobernador Ángel Aguirre de tratar de dividir a estas dos organizaciones que tienen un sistema de justicia en base a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Recordó que desde que la CRAC imparte justicia los índices de delincuencia han disminuido.