Por Verónica Gascón
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Las Comisiones Federales de Competencia y Telecomunicaciones tienen que enfrentar unos 600 amparos que fueron interpuestos por empresas que están inconformes con sus decisiones, los cuales pueden llevar varios meses e incluso años en resolverse.
Expertos en regulación advierten que las empresas utilizan este recurso legal para ganar tiempo ante las resoluciones de autoridad, sin importar si al final pierden el juicio.
En la Comisión Federal de Competencia existen pendientes alrededor de 151 juicios de amparo y nulidad, de acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal, de la dependencia.
Actualmente, 4 de cada 5 procesos los gana la CFC, pero después de 9 meses en promedio, que es el tiempo en el que se procesan los amparos ante juzgados de Distrito. Mientras que en el Tribunal Fiscal el tiempo promedio para desahogar los casos es de 17 meses.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene que lidiar con 450 litigios, sin contar los que se han presentado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las motivaciones son por la política de televisión digital terrestre, resoluciones y planes emitidos por el órgano regulador y otros procedimientos diversos.
En la Cámara de Diputados se aprobó una reforma a la Ley de Amparo en donde se impide conceder la suspensión de los actos de autoridad a empresas concesionarias, que incluyen a servidores de telefonía y televisión, entre otros.
“La Ley de Amparo no va a resolver el problema del sector telecomunicaciones, una de las razones de la excesiva litigiosidad es que al llegar un juicio de amparo o de nulidad a tribunales, la gente que lo promueve muchas veces le apuesta a ganar tiempo. Un litigio se puede ir 5 o 6 años, no importa que gane o pierda y ahí viene el tema perverso que no resuelve el tema de la suspensión, se necesitan procedimientos rápidos y expeditos”, señaló Clara Luz Álvarez, abogada y experta en telecomunicaciones.
Añadió que el problema se resolvería si hubiera juicios sumarios con plazo de 6 a 8 meses como máximo.
La investigadora Jana Palacios, del Instituto Mexicano de la Competitividad, comentó que con las reformas a la ley de amparo se reducen los beneficios que obtienen las empresas con la suspensión a los actos de autoridad, sin embargo, las organizaciones seguirán interponiendo este recurso.
“Lo que pasaba era que las empresas se amparaban no necesariamente porque pensaran que tenían razón, sino porque en lo que la autoridad decidía, ganaban tiempo para portarse mal”, subrayó.