Lunes, 04 de Marzo de 2013 07:00
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que los actos violatorios de los derechos humanos que se perpetran contra los habitantes de los pueblos indígenas, son con mayor frecuencia: la detención arbitraria, la incomunicación, los tratos crueles, la falta de asesoría jurídica inmediata y de traductores en sus lenguas.
Este organismo consideró indispensable que las autoridades se comprometan a contar con personal especializado en la atención de los problemas que afectan a más de 8 mil indígenas presos en diferentes cárceles de nuestro País, y garantizarles el acceso a un sistema eficaz de procuración e impartición de justicia.
El organismo defensor de los derechos humanos indicó que se ha detectado que en la mayoría de los casos, las personas en esta situación, desconocen la razón por la que son sometidas a proceso y privadas de su libertad.
En muchas ocasiones, agregó, se viola su derecho al debido proceso porque no reciben asesoría jurídica inmediata, carecen de intérpretes, traductores o defensores públicos especializados, lo cual se agrava si además son víctimas de detenciones arbitrarias o maltrato.
En nuestro País hay carencia de jueces, agentes del Ministerio Público y defensores con conocimientos de los usos, costumbres, tradiciones, cultura e idioma de la población indígena, reveló la CNDH.
Por ello, este organismo autónomo, a través del Programa de Atención de Indígenas en Reclusión, realizó en 2012, 68 visitas a centros penitenciarios con población indígena, pertenecientes a los grupos étnicos náhuatl, zapoteco, tzotzil, mixteco, totonaco, mixe, mazateco y chinanteco.
Se realizaron entrevistas con los internos, se analizaron sus expedientes procesales y médicos, y se les brindó orientación jurídica, comentó. Como resultado de estas acciones, dijo la CNDH, se logró la liberación anticipada de 245 personas indígenas sentenciadas que no debían estar en prisión.
Se entrevistó a mil 632 internos, se otorgaron mil 512 asesorías jurídicas, se efectuaron mil 260 gestiones y se repartieron 3 mil 574 materiales de promoción sobre derechos humanos de los reclusos indígenas, según un comunicado.