Por Henia Prado Hernández
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y al menos otros 20 servidores públicos tendrían que responder penal y administrativamente por las irregularidades cometidas durante la detención de Florence Cassez.
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, anunció ayer que esta semana el organismo interpondrá ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia y una queja para que se investiguen las acciones del operativo policiaco del 9 de diciembre de 2005 en donde se detuvo a la francesa.
Sin dar a conocer nombres, arguyendo el principio de presunción de inocencia, el funcionario indicó que los funcionarios incurrieron en omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia y negligencia lo cual derivó en una violación al debido proceso.
“Se tomen las medidas conducentes para investigar los probables delitos y las faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos de la PGR, esto es, 15 agentes que integraron las dos células de operaciones especiales.
“De igual manera, dos agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de los mandos medios y superiores que con sus acciones y omisiones toleraron en el ámbito de sus atribuciones y dentro de la cadena de mando, la permitieron y convalidaron.
“Entre ellos el entonces titular de la AFI (García Luna), el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación al Secuestro, el entonces director general de Investigación Policial y el entonces director de operaciones Especiales”, sostuvo.
La investigación del organismo, basada esencialmente en el Amparo Directo en Revisión 517/2011 que analizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y permitió la liberación de la extranjera, arrojó que se violaron los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos establecidos en las Constitución.
El ombudsman dijo que aunque las conductas ilícitas serán determinadas por el Ministerio Público podrían incluir delitos contra la administración de justicia porque se efectuaron actos u omisiones que produjeron daño o concedieron una ventaja indebida a una de las partes.
Asimismo abuso de autoridad en el sentido de que se dilató la entrega de los detenidos ante la autoridad correspondiente, y ejercicio indebido del servicio público, pues se llevaron a cabo acciones de manera ilícita a partir de la información con que se contaba.
Algunos de los delitos son graves por lo que ameritan pena de prisión de hasta 12 años, no obstante apuntó el funcionario, le corresponderá a un juez definir si los delitos aún están vigentes o ya prescribieron.

Desinterés
A pesar de que la CNDH pugna porque la PGR investigue los hechos y sancione a los responsables, Plascencia Villanueva reconoció que la misma dependencia ha mostrado desinterés en llegar a la verdad debido a que averiguaciones iniciadas con antelación no han prosperado.
“Esta Comisión observó con preocupación el hecho de que a la fecha no se hubieran dado a conocer con precisión los datos y la forma en la que participó cada uno de los servidores públicos involucrados en la ‘escenificación ajena a la realidad’; esto es, tanto de quienes se encontraron presentes durante la misma, como de aquellos que con sus acciones u omisiones lo toleraron o permitieron en el ámbito de sus atribuciones, dentro de la cadena de mando respectiva”, señaló.
Sumado a la denuncia, la CNDH solicitará a la PGR reparar el daño a los agraviados, que diseñe e implemente permanentemente un programa de educación y formación en derechos humanos; instrumente medidas cautelares para salvaguardar los derechos de las víctimas del caso, así como de las investigaciones que se realicen hasta la detención de los responsables.