Jornaleras dejan sus hogares para buscar trabajo y poder sobrevivir

Por Laura Castellanos

EL UNIVERSAL

TLAPA.- El flujo de jornaleras indígenas migrantes de la Alta Montaña de Guerrero aumentó 22.4% de septiembre a noviembre de 2013, debido a la falta de trabajo y la crisis humanitaria provocada por los ciclones Ingrid y Manuel de septiembre pasado, asegura el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña (CJAM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Si bien de septiembre a noviembre de 2013 el Consejo reportó un total de 5 mil 878 mujeres y hombres migrantes, superior a los 4 mil 733 registrados en el mismo periodo de 2012, documentó que el flujo de mujeres (22.4%) fue superior al de los hombres (16.7 por ciento).

El reporte de Tlachinollan, con sede en Tlapa, Guerrero, se dará a conocer este martes a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados como un adjunto extraordinario de su informe “La Montaña de Guerrero, Tierra de mujeres migrantes”, que recoge la situación de explotación.

Margarita Nemecio, coordinadora del área de migrantes de Tlachinollan, dice que el alza de este fenómeno lo observan especialmente en los municipios que sufrieron devastación por los tifones y “y que presentan los más altos grados de marginación”.

El Consejo asegura que los tres principales municipios expulsores de trabajadores agrícolas son Tlapa, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, estos dos últimos considerados como el primero y el sexto en grado de marginación a nivel nacional.

El perfil de estas mujeres na savi, nahua y me´phaa migrantes es: son monolingües, con altos grados de analfabetismo, trabajan sin contrato y a destajo, lo que según Nemecio las deja en “condiciones de mayor explotación”.

La activista advierte que contratistas de pequeños empresarios se llevan en camiones a esta población indígena a nuevos destinos de pizca como Querétaro, o a otros en donde vulneran sus derechos con facilidad por falta de supervisión, como sucede en San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Morelos y Jalisco.

Nemecio afirma que desde octubre alertaron de dicho aumento migratorio a la Comisión Intersecretarial de Atención y Apoyo a Jornaleros Agrícolas Migrantes, pero “la Comisión subestimó los datos”, expuso Nemecio.

Explica además que aún no se puede valorar la magnitud de los daños en la región de la Alta Montaña, que en 19 municipios concentra una parte importante de la población indígena del País.

En los últimos tres años el número de estas trabajadoras agrícolas emigrantes se había registrado estable (2 mil 148 en 2010, 2 mil 139 en 2011, 2 mil 190 en 2012) pero en 2013 se elevó a 2 mil 823. Crescencio Flores Sánchez, del CJAM, indica que en este flujo un número de embarazadas está migrando por razones de sobrevivencia, muchas de las cuales ocultan su condición para que no les impidan viajar.

“Por lo mismo que tienen miedo porque en los campos no las aceptan y las regresan”, dice.

La nahua Aureliana Díaz, integrante del Consejo, puntualiza: “llevo 4 años trabajando aquí y sí se están yendo mujeres embarazadas”.

El informe recoge tres meses de investigación de campo sobre las condiciones de las indígenas de la Montaña en Sinaloa, Sonora y Guanajuato y terminó de realizarse en septiembre, antes de los desastres naturales.

Revela que 90% de este movimiento ha tenido como destino agrícola Sinaloa, seguido en un 3% por los estados de Morelos, Michoacán y Nayarit.

El rango de edad de las mujeres migrantes es de los 16 a los 60 años, aunque también migran familias completas con infantes.

Usualmente en los campos agrícolas ellas “realizan los trabajos más pesados y su percepción económica es igual o menor al de sus esposos”.

El documento precisa: “por lo general se les dan las actividades más laboriosas y extenuantes relacionadas con el mantenimiento de los surcos: deshierbar, acomodar los hijos para las guías de las matas, los amarres, el corte”.

Nemecio manifiesta que el informe busca que las dependencias federales atiendan a esta población a través de políticas de género en las que se les garantice el derecho a los servicios de salud, pues se les niega por su condición migrante y monolingüe. En otros estados “no les quieren aceptar el Seguro Popular porque no son de la región”, dice.

También recomiendan que la STPS implemente que ellas trabajen por contrato, y que cree políticas de inspección, seguridad e higiene en los campos agrícolas para mejorar su calidad de vida.