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Por Emily Corona

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- De acuerdo con Naciones Unidas, la actividad minera ha impactado seriamente la vida de comunidades indígenas, lo cual se ve reflejado en crecientes tensiones entre extranjeros y habitantes locales.

“El Comité (Para la Eliminación de la Discriminación Racial) expresa seria preocupación ante las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales destacando en particular los casos de explotación minera”, expresó el Comité de Naciones Unidas en marzo de 2012.

En el caso de México, éste ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los 10 principales productores de 16 minerales diferentes, según datos de la Secretaría de Economía.

Además, un reporte de Metal Economics Group colocó al País como el primer destino en exploración minera de América Latina y el cuarto del mundo.

Al mismo tiempo, el estudio realizado para el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNDESA) estimó que en México hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de recursos naturales.

Según cifras del INEGI, en 1992 se expidieron mil 460 títulos mineros, de exploración y explotación, en 614 mil hectáreas.

Durante 1997 se otorgaron 2 mil 80 títulos en 9 mil 525 hectáreas.

Esta tendencia continuó hasta que en 2012 se otorgaron 2 mil 5 títulos mineros distribuidos en 5 mil 426 hectáreas. Lo que sumaba un total de 26 mil 71 títulos expedidos y 30 mil 782 hectáreas del territorio nacional en concesión.

Detrás de esto se encuentra la modificación al Artículo 27 constitucional, que en enero de 1992 autorizó la entrada de capital privado al campo y la venta de ejidos, así como una Ley Minera aprobada ese mismo año en la cual se considera dicha actividad de utilidad pública y preferente.

Sin embargo, de acuerdo con la Dirección General de Minas en 2010 el territorio total concesionado a mineras era casi el doble, 56 mil 7.8 hectáreas, es decir, más de la tercera parte del País.

En mayo de 2013, un estudio del Foro Permanente abordó el reclamo de los pueblos indígenas ante la falta de cumplimiento de las autoridades en el respeto y protección de sus derechos, así como su exigencia de ser consultados antes del otorgamiento de concesiones extractivas en su territorio.

Además del territorio, UNDESA señala que las amenazas se extienden a la agricultura, la seguridad alimentaria y la pobreza, además de que desatan retos al turismo, la apropiación del conocimiento indígena y una brecha en salud con respecto al resto de la población.