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EL UNIVERSAL
LA PAZ.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Baja California Sur promueve ante el Congreso local un juicio de Procedencia contra el juez Sergio Aguilar Navarro, por liberar bajo fianza al ex gobernador, Narciso Agúndez Montaño, en diciembre de 2012.
Según informó la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, Jisela Paes Martínez, el recurso de Procedencia, desafuero, fue interpuesto en diciembre, a través del Ministerio Público especializado en persecución de los delitos de los Servidores Públicos.
No obstante, refirió que el caso no ha podido analizarse en el Congreso local; antes se debe resolver un recurso de impugnación que también inició la PGJ ante un Tribunal Federal contra el amparo que le otorgó a Sergio Aguilar Navarro.
La legisladora declaró que lo que competerá al Congreso es “analizar, revisar la documentación que entregue el Poder Judicial para investigar el tema de la inmunidad constitucional, el fuero que conocemos y si lo que se le atribuye a la conducta del juez es un delito, nosotros no resolveremos si lo cometió o no”.
Sin embargo, reiteró que en este momento no se ha entrado de fondo al tema, pues se requiere que se defina la impugnación o no del amparo del juez.
El ex gobernador fue liberado bajo fianza el 14 de diciembre de 2012, luego de estar casi siete meses en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, acusado del presunto delito de peculado; al final el delito se reclasificó al “incumplimiento de un deber legal”, considerado no grave.
Lo anterior, derivado de un amparo federal que se le otorgó a Agúndez Montaño contra el auto de formal prisión por el presunto delito de peculado, al no encontrarse elementos para acreditarlo. El amparo ordenaba la inmediata libertad o la reclasificación del delito.
El juez determinó procesar al ex gobernador por el presunto delito de incumplimiento de un deber; fijó una fianza de 31 mil pesos.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado se deslindó del proceder del juez; la Procuraduría estatal calificó la fianza de “ridícula”.
Al ex gobernador, la actual administración lo acusó de su participación en la presunta venta irregular de siete predios en Los Cabos, que fueron con anterioridad donados para infraestructura y finalmente se vendieron a un particular a una cantidad menor al valor comercial.