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Agentes ministeriales y policías municipales enfrentan procesos penales por omisiones en el caso de la activista asesinada

EL UNIVERSAL

CHIHUAHUA.- El fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás, informó que un grupo de agentes ministeriales y policías municipales enfrentan procesos penales por omisiones en el caso de la activista Marisela Escobedo, asesinada hace cuatro años en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando colocaba una manta para exigir justicia para su hija asesinada.

El abogado del Estado refirió que el caso será reabierto en atención a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que refiere que se cometieron una serie de irregularidades en el proceso de investigación del homicidio de la hija de la activista, Rubí Frayre, así como en brindarle protección a la propia Marisela, lo que derivó en su asesinato.

En la recomendación, la CNDH señaló en octubre pasado: “Tercero: Se instruya al fiscal general de Chihuahua, a fin de que se realicen las acciones necesarias para la debida integración y determinación de las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de amenazas y homicidio en agravio de V1 (Marisela Escobedo).”

González Nicolás señaló que el pasado viernes se reunió con el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, y en el encuentro le informó que funcionarios de la Fiscalía son investigados por Asuntos Internos y podrían ser consignados por las omisiones referidas.

Escobedo fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 cuando se manifestaba afuera de la sede del Gobierno, en protesta por la liberación del asesino confeso de su hija, Sergio Rafael Barraza.

La mujer tenía dos semanas manifestándose frente al edificio gubernamental.

Alrededor de las 20:00 horas un hombre se le acercó y disparó a quemarropa en la cabeza.

En noviembre de 2012, el gobernador César Duarte consideró que los homicidios de Rubí Marisol Frayre y Marisela Escobedo quedaban cerrados con la muerte de Sergio Rafael Barraza, en un enfrentamiento con militares en una comunidad de Zacatecas.

Rubí desapareció en agosto de 2008, cuando tenía 16 años, y fue asesinada por Barraza Bocanegra, quien admitió el crimen; en 2009 fue detenido y exonerado.



Investigan a cuatro

Cuatro son los funcionarios investigados, pero el número podría elevarse, confirmó el fiscal.

Detalló que uno de los señalados es identificado en la Recomendación como AR1 y se trata de un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro, Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública.

Sobre ese funcionario, la CNDH reprochó: “Se observa con preocupación que la falta de sensibilidad y diligencia con que AR1 atendió a V1 (Marisela), en su calidad de víctima, generó las condiciones idóneas para que al encontrarse sin protección institucional, un desconocido la privara de la vida cuando realizaba una protesta pacífica frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua”.



Estado ofrecerá disculpa

En la misma recomendación de la CNDH se exhorta al Gobierno de Chihuahua a que ofrezca una disculpa a los familiares de Marisela, al respecto el fiscal comentó que a la fecha no se había realizado el acto debido a que se desconocía el protocolo correspondiente.

Detalló que Plascencia explicó el mecanismo en que debe realizarse, por lo que en unas semanas se cumplirá con la recomendación.

Se invitará a los deudos de la familia Frayre, quienes actualmente radican en EU. El acto público se celebrará en Ciudad Juárez.