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Las autoridades deberán asumir que las personas detenidas por alguna infracción legal son inocentes hasta que se demuestre lo contrario

Por Víctor Fuentes

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- Las autoridades administrativas de todo el País deberán asumir que las personas a la que buscan sancionar por alguna infracción legal son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La Suprema Corte de Justicia resolvió ayer que ese derecho, que la Constitución sólo prevé para los juicios penales, también aplica para los procedimientos administrativos sancionadores.

De esta forma, la autoridad que busca sancionar tendrá la carga de probar su acusación, tal y como sucede cuando se procesa a un presunto criminal.

La jurisprudencia de la Corte impactará los procedimientos previstos en decenas de leyes federales y estatales, que señalan multas, clausuras, revocaciones de permisos o concesiones, arrestos hasta por 36 horas, destituciones, inhabilitaciones y una larga lista de castigos aplicables tanto a particulares como a servidores públicos que violan una ley, sin llegar al grado de cometer un delito.

Dichos procedimientos son desahogados en forma similar a un juicio, pero los resuelve una autoridad administrativa que puede estar adscrita a cualquier Poder o nivel de Gobierno, cuya decisión puede ser impugnada ante los tribunales.

Las sanciones aplican en prácticamente todas las materias: fiscal, comercio exterior, competencia económica, telecomunicaciones, establecimientos mercantiles, construcciones, sanidad animal y vegetal, control sanitario, lavado de dinero, protección al consumidor, responsabilidad de los servidores públicos, contratistas del Gobierno, entre otras.

“Todo procedimiento llevado a cabo por órganos del Estado, en los que se identifique un acto ilícito y se aplique una sanción, son procedimientos respecto de los cuales opera la presunción de inocencia”, indicó el ministro José Ramón Cossío.

En tanto, Jorge Pardo explicó que se deberán aplicar dos principios: no considerar de antemano que el presunto infractor es responsable, y garantizar que la autoridad acusadora sea la que prueba la falta.

Otros ministros acotaron que la forma de aplicar la presunción de inocencia tendrá que modularse de acuerdo a las características de cada procedimiento, lo que deja la puerta abierta para multitud de interpretaciones en la práctica, tanto por la autoridad administrativa, como por los jueces que la revisan.

En la minoría, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar advirtieron que la presunción de inocencia sólo está prevista para casos penales, en los que un juez que decide si procede la acusación de una fiscalía.

“Me preocupa que en el afán de asimilar al derecho administrativo el derecho a la presunción de inocencia, corramos el riesgo de deformar conceptos e instituciones ya muy sólidas”, dijo Pérez Dayán.