Por Diana Baptista
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- De 2012 a 2013, en México se han rescatado al menos a 846 víctimas de trata de personas, aunque por dicho delito sólo se han condenado a 17 personas, lo que revela una baja efectividad en el combate de la trata de personas.
Así lo dio a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano, en el estudio “Estadística sobre la eficiencia en el combate a la trata de personas en México”, el cual reveló que, en el período comprendido entre 2010 y 2013, se han abierto 98 procesos judiciales por el delito de trata de personas.
“Existe una baja efectividad en el combate a la trata de personas. En las entidades federativas, se registró un 2 por ciento de efectividad en la relación de 17 condenas por 846 víctimas. A nivel federal, se registró un 10 por ciento de efectividad, en la relación de 30 averiguaciones previas de 283 consignadas”, indicó la ONC.
A partir de solicitudes de información realizadas vía Transparencia, la organización reveló que Jalisco concentró el número de víctimas rescatadas en tres años, con un total de 283 personas.
Le siguieron Baja California, con 136 víctimas; Puebla, con 122, y Oaxaca, con 86.
A pesar que Tlaxcala es identificado como uno de los estados con más víctimas de trata, éste no proporcionó información sobre cuantas personas han sido rescatadas en los últimos tres años.
Las características de las víctimas indican que el delito se concentró en mujeres mexicanas solteras menores de 18 años, quienes fueron sometidas, en su mayoría, a la explotación sexual.
Además, el estudio expone que México es uno de los principales países de destino debido a su cercanía a Estados Unidos; de tal forma que, al País, llegan víctimas provenientes de Latinoamérica, como Guatemala, Honduras, Brasil, así como de China, Japón, Congo y Hungría.
La ONC añadió que los estados carecen de bases de datos precisas sobre la efectividad en el combate al delito, las características de las víctimas, y sobre las rutas de tránsito utilizadas para la trata de personas.
“La autoridad debe asumir la responsabilidad de combatir y prevenir este delito de manera frontal a través de una política pública que involucre a los tres órdenes de Gobierno. Merece particular atención el establecimiento de políticas públicas contundentes para la atención de los grupos más vulnerables (mujeres y niños sometidos a explotación sexual)”, afirmó la ONC.