Por Claudia Guerrero
y Leslie Gómez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Pleno del Senado aprobó diversas reformas para castigar prácticas ilícitas en materia de lavado de dinero y combate al terrorismo.
El dictamen fue aprobado por 83 votos a favor, frente a 22 en contra de los legisladores de izquierda.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil, defendió la reforma, turnada al Ejecutivo Federal, al asegurar que México debe cumplir con las recomendaciones de la comunidad internacional para demostrar que existe voluntad en el combate a este flagelo.
En respuesta, desde la tribuna, senadores del PRD y PT denunciaron que las modificaciones pretenden criminalizar la protestas social, ya que dejan abierta la puerta a que las manifestaciones sean sancionadas como actos de terror.
La vicecoordinadora del sol azteca, Dolores Padierna, advirtió que la reforma hace referencia a las acciones que puedan realizarse no sólo contra instalaciones públicas, sino también privadas.
“En la legislación internacional nada se dice de particulares porque el bien jurídico tutelado es el Estado, no los particulares”, acusó.
“La urgencia del Gobierno Federal y de la ultra derecha proyanquista han apostado por una restauración autoritaria en el País, presionan ahora al Senado para aprobar esta minuta que implica serios riesgos porque tiende a criminalizar la protesta social”.
En el mismo sentido, el legislador Alejandro Encinas sostuvo que la reforma puede ser utilizada para satisfacer intereses de particulares en perjuicio de la sociedad y de organizaciones sociales cuyo único objetivo es luchar por sus derechos.
“Este tipo penal no debe ser aprobado hasta en tanto no quede bien definido a fin de que no se llegue a generar dudas y discrecionalidad los vacíos legales que permitan que se confunda la lucha social con un acto delictivo como el terrorismo”, aseguró.
Los legisladores aprobaron penas de entre 15 y 40 años de cárcel en contra del terrorismo y aumentar la sanción hasta en una mitad --60 años--, cuando se cometa en contra de un bien inmueble de acceso público, genere daño a la economía nacional o implique la toma de rehenes.