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Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que la iniciativa de legislación secundaria en materia de competencia tiene indefiniciones que no establecen claramente las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y dejan márgenes para la discrecionalidad.
“Nos preocupa que no se establezca claramente el alcance de las facultades de la COFECE para regular el funcionamiento de los mercados; igualmente, las indefiniciones y consecuencias del manejo de conceptos como ‘insumos esenciales’, ‘barreras a la libre concurrencia’ y ‘barreras a la competencia económica”’, así como las atribuciones para regularlos”, señaló el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani.
“De igual manera, vemos márgenes para la discrecionalidad en procedimientos para determinar situaciones como ‘poder sustancial’ o ‘dominancia’”, agregó en su mensaje semanal.
El organismo considera que la iniciativa pone en riesgo la autonomía constitucional de la COFECE, incrementando las facultades del Ejecutivo federal para crear nuevas condiciones de competencia a través de decretos o de instruir al regulador.
“De acuerdo con los principios de la reforma constitucional, se busca erigir un esquema de división de funciones, con pesos y contrapesos. Sin embargo, disposiciones de la iniciativa son contrarias o socavan estos principios”, aseguró.
Añadió que se elimina la independencia entre la función que investiga y la que resuelve, y se abren oportunidades para actuaciones arbitrarias, dando atribuciones de castigar el tamaño de los agentes económicos y las estructuras de los mercados.
“(La regulación secundaria) debe desincentivar y atacar las acciones anticompetitivas y monopólicas probadas, no castigar por el tamaño de agentes económicos o la estructura de un mercado”, señaló al respecto.
El CCE también criticó que los medios de defensa de los agentes económicos se reducen a amparos de legalidad.
“Se eliminan recursos ante medidas como visitas domiciliarias, aseguramiento de activos y detención preventiva. Por otra parte, se aumenta el plazo de prescripción a 10 años”, refirió.
“Son disposiciones que implican una clara afectación a la garantía de seguridad jurídica”, mencionó.