Jorge Islas

El fin con que se creó el Estado, fue para asegurar en primer lugar la protección y seguridad de los integrantes de una determinada comunidad política. Este es el primer acuerdo social que justifica la instauración de un orden establecido, para que una autoridad detente el monopolio de la fuerza coactiva y haga valer el derecho y las leyes con un fin común: Mantener una sociedad organizada colectivamente y en paz. El Estado Constitucional, añadió un marco de leyes que limitan el abuso discrecional del poder, para garantizar los derechos y libertades fundamentales de toda persona. Logró combinar y hacer compatibles la seguridad con la libertad.
En la realidad, de la teoría a la práctica, las cosas no son necesariamente así. Hay muchos países democráticos con alto desarrollo económico y social que todos los días tienen diversos desafíos para hacer valer la ley y los principios del Estado Constitucional, bajo la justificación de la seguridad nacional.
Después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, EU e Inglaterra principalmente, modificaron sus marcos normativos y sus prácticas institucionales de inteligencia, para fortalecer la seguridad interna de sus fronteras. La interrogante que se ha generado desde entonces a la fecha, es como hacer compatible la seguridad nacional, con la libertad fundamental que tiene cada persona garantizada por la ley. Cómo hacer para que el Estado no se exceda en sus atribuciones y atropelle derechos naturales, como el derecho a la intimidad o bien el derecho a no ser molestado o vulnerado en las comunicaciones privadas, que no generan un riesgo para la seguridad del Estado. Cómo hacer para que no tengamos una autoridad que hostiga discrecionalmente, pero que al mismo tiempo, no relaja sus mecanismos de vigilancia y contención para que la seguridad nacional no sea quebrantada tan fácilmente. ¿Más seguridad y menos libertad?
Las respuestas siguen a debate, hay una tensión entre lo que dice la ley y entre lo que hacen con la ley los que gobiernan y que tienen la sensible responsabilidad, de defender la estabilidad y seguridad de nuestros entornos de vida cotidianos. Sea como sea, un Estado debilitado, un Estado incapaz de resolver y administrar adecuadamente los temas de su agenda de seguridad, orden y organización, son malos augurios para poder defender a futuro, otros aspectos que valoramos y en mucho de nuestras vida en la esfera cívica y pública, como es el caso de la democracia, y de las libertades que se desprenden de este sistema. Sin Estado no hay democracia posible, y en consecuencia no hay libertades ni medios óptimos para encontrar mejores expectativas de desarrollo para nuestras vidas.
En este contexto, la detención de Joaquín Guzmán Loera, que llevó a cabo en días pasados el Estado mexicano, con la participación y coordinación de diversas instancias de seguridad, debe ser visto como un gran logro y una gran oportunidad hacia el futuro. Es un gran logro para el Estado, porque las fuerzas de seguridad involucradas en el tema, demostraron que son capaces de hacer un trabajo eficiente, responsable y contundente, producto de la colaboración interinstitucional entre agencias nacionales e internacionales, en las que se combinaron asertivamente la inteligencia tecnológica y la inteligencia analítica, para que se concretara una detención que se llevó a cabo en tres minutos, bajo un operativo que ejerció una fuerza racional y proporcional al momento del evento y que fue muy cuidadoso para respetar el debido proceso de ley. Quedó demostrado que se puede hacer uso de la fuerza legítima del Estado sin que se lastimen los derechos de nadie, ni se ponga en alto riesgo la seguridad e integridad de la población. Buen mensaje para entender que en materia de seguridad se puede tener un Estado Constitucional en la letra y en la práctica, porque tenemos fuerzas del orden profesionales y bien capacitadas.
Es claro que con esta detención, no se va acabar mañana el problema del narcotráfico, ni las actividades que se desprenden de su alta capacidad para ejercer violencia e intimidación. Pero puede ser la oportunidad que estábamos esperando, para que la autoridad abra y explore un nuevo camino de prevención y acción que pueda reducir considerablemente los efectos perniciosos de esta actividad que en algunos momentos, desdibujó al Estado y a todas las autoridades encargadas de la seguridad y protección de las personas.
Por el momento, podemos vaticinar con cierto optimismo, que en el futuro deberán presentarse menos enfrentamientos y más ofensivas de inteligencia, para que el Estado vuelva a recuperar la esencia y fin con el que fue creado.