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Por Érika Hernández
AGENCIA REFORMA
MANZANILLO.- No profundizar la privatización del campo, frenar al crimen organizado en zonas rurales, cancelar la explotación de minerales por extranjeros y garantizar una distribución equitativa de recursos, exigieron ayer organizaciones agrarias al Gobierno federal.
Ante el Presidente Enrique Peña Nieto reclamaron una reforma al campo democrática y de consenso, no impositiva, en la que los interlocutores sean los campesinos.
Se prevé que el Ejecutivo federal presente su iniciativa al Congreso a finales de este año.
El punto clave, coincidieron los dirigentes rurales, es no motivar la privatización total de la tierra, pues aunque el ejidatario tiene el dominio de su propiedad, acusaron, quienes han ganado son “los comerciantes usureros de la tierra”.
“Venimos ante usted con el ánimo de aclarar paradas. Nos oponemos categóricamente a la modificación constitucional o del marco jurídico secundario para agilizar el proceso de privatización del ejido y la comunidad”, expresó José Durán, dirigente del Consejo Agrario Permanente.
Isabel Cruz, del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, afirmó que están en alerta ante la posibilidad de alguna modificación al 27 constitucional, bajo el argumento de que el campo no progresa porque los campesinos detentan minifundios.
Esa fue la preocupación más sentida, por lo que Peña Nieto salió al quite, para no alentar especulaciones.
“Hay que dejar muy en claro: el Gobierno no ha propuesto ni propondrá iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en el País, no propondrá modificaciones a las modalidades de propiedad que prevé nuestra Constitución”, indicó tras recalcar que su propuesta está más encaminada a lograr un sector más productivo.
Los líderes denunciaron un severo desmantelamiento social por “la penetración absoluta” del crimen organizado y aparición de grupos paramilitares, e incluso, dijeron, ante la caída de precios del maíz, café y otros productos, las tierras se ocupan para el cultivo de enervantes.
Demandaron terminar con políticas alimentarias desarticuladas, reparto de recursos a un minúsculo grupo de grandes productores, y programas que no resuelven la pobreza en sus comunidades.
Cuestionaron que en un año no han recibido respuesta a sus demandas, por lo que Peña Nieto ordenó al secretario de Agricultura, Enrique Martínez, organizar foros para recoger sus inquietudes e incorporarlas a la reforma al campo.
En el evento, al que asistieron medio centenar de líderes agrarios, algunos ligados al PRI y PRD, así como legisladores, el Presidente firmó un acuerdo con el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano, como presidente de la CONAGO, para entregar este año 14 mil 536 millones de pesos en apoyos al sector.