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La PGR acusó falsamente a joven asesinado de estar al mando de un grupo de secuestradores

Por Marcos Muedano
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) indemnizó a la familia de Guillermo Vélez Mendoza, quien hace 12 años fue detenido y privado de la vida, luego de ser acusado falsamente de estar al mando de un grupo de secuestradores.
De acuerdo con el abogado de la familia, la dependencia los indemnizó con más de nueve millones de pesos por los daños morales que se ocasionaron con su pérdida.
Mediante una carta enviada al procurador Jesús Murillo Karam, el abogado de la familia Vélez Mendoza explica las irregularidades que se presentaron cuando fue detenido y asesinado Guillermo.
“Le agradezco (al procurador) que haya cumplido con lo que le ordenó el juez tercero de Distrito del Distrito Federal, respecto de la indemnización por el daño moral sufrido por la familia Vélez Mendoza, derivado de su responsabilidad subsidiaria por el caso de insolvencia de los codemandados físicos (AFIs) en el caso Guillermo Vélez, quien durante la administración del procurador Rafael Macedo De la Concha fue detenido con mentiras, torturado, asesinado y desprestigiado públicamente, haciéndolo aparecer ante diversos medios de comunicación como jefe de la banda de secuestradores Los Ántrax”, menciona el documento.
Enviada el pasado jueves, en el documento se reconoce al titular de la PGR el haber aceptado las irregularidades que se presentaron, así como acatar la sentencia que emitió el juez Tercero de Distrito del Distrito Federal para que se le pagara a la familia.
“Reconocemos que usted -Murillo Karam- ha tenido el valor civil de admitir públicamente los excesos y errores en que incurrieron algunos funcionarios de la PGR en administraciones pasadas”, detalla el escrito.
Guillermo Vélez Mendoza fue detenido el 29 de marzo de 2002 en la ciudad de México por Hugo Armando Muro Arellano [comandante], Sergio Alberto Martínez López, Luis Manuel Villalobos Cubedo, Norberto Amezcua Barreda y Alfredo Cruz Pérez, quienes laboraban para la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), en ese entonces encabezada por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal.
El joven de 33 años acompañó al gerente del gimnasio en el que trabajaba, Ramón Salazar Orihuela, y a otra persona -las versiones dicen que el comandante de la AFI Hugo Armando Muro Arellano- para mostrarles un negocio que el desconocido estaba interesado en comprar.
El Gimnasio Alvi era propiedad de su amiga Massiel Islas González. El 17 de marzo de 2002, Guillermo recibió la orden de no presentarse a laborar, y al otro día, Massiel fue secuestrada dentro del negocio.
Un día después de la detención, personal de la PGR acudió a la casa de Guillermo Vélez para notificar a su familia que estaba detenido, por lo que se trasladó al lugar a su padre, quien en las instalaciones federales fue atendido por Leopoldo Alvarado Negrete, quien le dijo ser fiscal.
El sujeto le dijo que su hijo fue asegurado “por estar ligado a una banda de secuestradores”; y tras preguntar a su padre si Guillermo tenía alguna enfermedad que pusiera en peligro su vida, el funcionario de la PGR le mencionó que había muerto en el interior de un vehículo oficial, “de muerte natural por causas desconocidas”.
Al momento que les fue entregado el cuerpo de Guillermo, su familia se percató que tenía golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que exigieron que se realizara una investigación.
El padre de la víctima pidió que fuera exhumado para determinar el motivo de la muerte, algo que se permitió hacer hasta mayo de 2002, y con lo cual se conoció que el cuerpo no tenía los órganos internos, por lo que no se podía determinar el motivo de la muerte, hecho que aparentemente fue realizado para encubrir la tortura de la que fue víctima Guillermo.
Desde ese momento, la familia presentó distintas denuncias para que la PGR reconociera los daños causados y se castigara al personal que participó en la detención.
El caso llegó hasta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual realizó una nueva necroscopía para determinar los motivos de la muerte. En consecuencia, se acreditó la existencia de 31 golpes en todas las partes del cuerpo, y que la muerte ocurrió por traumatismo de cuello y asfixia por sofocación.
Tanto el comandante Muro Arellano como los agentes a su cargo fueron liberados bajo fianza, pues sólo fueron acusados de homicidio culposo. Al primero se le dictó formal prisión y se le halló culpable de la muerte, por lo que al no localizársele se le declaró prófugo. No obstante, nunca fue capturado y la pena por el delito prescribió.