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Por Julián Sánchez
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, presentó en el Senado de la República la propuesta del Gobierno Federal para modificar el Artículo 4 Constitucional con el objetivo de mejorar el Sistema Nacional de Salud universal y garantizar a toda persona el acceso efectivo con calidad a los servicios federal y locales en la materia, independientemente de su condición social o estatus laboral.
En el marco del último día de la Semana Nacional de Seguridad Social que organizó la comisión encargada del Senado, Juan López expuso ante legisladores y especialistas del Sector Salud que se proponen realizar cambios a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, así como a la Ley General de Salud, la de Coordinación Fiscal, la Federal de Presupuesto y Responsabilidad, así como los reglamentos y acuerdos respectivos.
Se deberán introducir garantías explícitas en salud y establecer una instancia que fiscalice y garantice el acceso, con lo que se establecería una Comisión Nacional de Salud Universal.
En el acto, en el que estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Fernando Mayans, y los secretarios María Elena Barrera, así como Isaías Gonzáles Cuevas, Mercedes Juan precisó: “La ley determinará los términos, requisitos, condiciones de funcionamiento, organización, modalidades, financiamiento y evaluación del Sistema Nacional de Salud Universal, así como de la participación de la Federación, las entidades federativas, el sector privado y el sector social”.
Dijo que se plantea que los recursos que el Estado destine al financiamiento del Sistema Nacional de Salud Universal se administren y se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con objeto de garantizar sus fines.
Expuso que en lo que se refiere al apartado ‘A’, se definen las intervenciones de salud que estarán sujetas a condiciones precisas para el acceso a los servicios, incluyendo los estándares de calidad y los tiempos máximos de espera.
En el apartado ‘B’ se plantea crear una instancia que vigile el acceso a servicios de salud y que haga exigibles para los usuarios las garantías explícitas. Dar a esta entidad facultad para obligar a cada una de las instituciones a prestar los servicios o pagar en el caso de que no los puedan prestar o hacer un direccionamiento del paciente a un proveedor alterno.