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Vence plazo para la desmovilización de los grupos de autodefensa

Por Benito Jiménez

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- Alfredo Castillo, comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, está frente a un enorme dilema.

Hoy se vence el plazo para la desmovilización de los grupos de autodefensa pero el movimiento civil está fracturado, y en medio de cuestionamientos de la oposición de que el proceso de desarme en 27 municipios se trató de una simulación. La economía del Estado no repunta y la obra pública sigue frenada.

Los proyectos prometidos por el Gobierno Federal para recuperar la economía y restablecer su tejido social en el Estado, de 250 obras y acciones ofrecidas, sólo tres han sido finalizadas, 148 se encuentran en proceso y el resto, 99, se encuentran sólo en el papel.

De acuerdo con datos de la Presidencia, los tres programas concluidos fueron de la SEP y se refieren a la organización Campeonato Nacional de Atletismo; la capacitación de Atletismo para Entrenadores; y un festival Atlético Nacional y Selectivo de Caminata, nada más.

El dinero para reactivar la economía también se encuentra en trámite.

La Secretaría de Hacienda tiene pendientes el financiamiento para la Reactivación Económica de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; apoyos a mujeres empresarias; a productores rurales para proyectos productivos; la modernización del Puerto de Lázaro Cárdenas; aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios; y la asignación presupuestaria para Infraestructura y Desarrollo Regional, por citar sólo algunos.

En cuanto a obras, la mayoría serán ejecutadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

A la fecha de los 83 proyectos, 45 se encuentran en proceso. Entre ellos destacan la construcción del Libramiento Poniente de Morelia, la modernización de la carretera Uruapan-Zamora, ampliación de la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro y construcción de la Autopista Jiquilpan-Sahuayo.

Asimismo, alcaldes han acusado al comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán de ignorarlos, y privilegiar el diálogo con grupos al margen de la ley.

Es el caso de Luis Torres, de Buenavista Tomatlán, quien volvió al cargo el 10 de marzo pasado luego de ser expulsado tras el surgimiento de los grupos de autodefensa y quien señaló que hay una mala relación con el enviado federal.

Guillermo Valencia, de Tepalcatepec, señaló directamente a Castillo de estar detrás de las amenazas y la persecución que lo obligaron a dejar el País.

Dijo, además, que fue Castillo quien filtró los videos en los que se exhibe al edil de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, y al ex gobernador interino Jesús Reyna con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios.

Valencia también dijo que Castillo dialoga con autodefensas ligados al crimen, como Juan José Farías, “El Abuelo”, considerado por la PGR como líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

Apenas este jueves, José Manuel Mireles, uno de los fundadores y líderes visibles de las autodefensas, dijo en entrevista que Castillo estaba negociando con criminales y templarios arrepentidos.

La fractura con Mireles se produce en el marco del proceso de registro de armas, en el que se ha permitido a los civiles armados mantener fusiles de asalto de uso exclusivo del Ejército.

A inicios de este mes, Miguel Chávez, líder panista en Michoacán, dijo que la estrategia del llamado desarme “a todas luces pareciera una simulación”.

El comisionado federal, nombrado el 15 de enero, ha logrado que las autodefensas firmen dos acuerdos en los que lo sustancial implicaban desmovilización, y desarme, pero ninguna de las dos cosas se ha cumplido.

El plazo del segundo acuerdo, firmado el 26 de abril, se vence hoy con una abierta oposición del grupo comandado por Mireles.

Y si bien durante estos cinco meses se logró el abatimiento de Nazario Moreno, Enrique Plancarte, dos de los principales líderes de los Caballeros Templarios, la inseguridad permea el territorio estatal.

Michoacán sigue ocupando los primeros sitios a nivel nacional en homicidio, secuestro, extorsión y robo, y las denuncias por estos delitos de alto impacto se incrementaron en febrero y marzo, según las cifras oficiales.