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Por Dayna Meré
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El contrabando y piratería de manufacturas eléctricas está “quemando” a la industria nacional.
Datos de Electrical Safety Foundation International (ESFI) para productos eléctricos, en México, las 2 mil 54 empresas que componen la industria eléctrica tienen pérdidas anuales en empleos y de 640 millones de pesos.
Lo anterior debido a los productos eléctricos que no cumplen con la NOM sobre instalaciones eléctricas y violan alguna ley de fabricación, distribución o comercialización.
De acuerdo a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname), entre las principales prácticas desleales de comercio están el contrabando de productos originales, importaciones paralelas; contrabando de productos clonados; contrabando de productos reconstruidos; reconstruidos nacionales; productos sin NOM/NMX.
Sergio Valdés, presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), explicó que están tomando medidas y acciones contra el contrabando y piratería en este sector.
“Debido a las problemáticas que importantes sectores industriales mexicanos enfrentan con respecto a las prácticas ilegales de comercio, acertadamente la nueva gestión del SAT institucionalizó los trabajos con la CONCAMIN, y la CONCANACO”.
“Esto se hizo a través de la firma de un Convenio de Colaboración entre instituciones públicas y cámaras empresariales, y así se integró un grupo de trabajo al que se denomina “Mesa de Combate a la Ilegalidad”.
La mesa de trabajo se integra por instituciones representantes del sector privado, como CONCAMIN, CAAAREM, CONCANACO, CANAME, CANAIVE, CANAINTEX, CANAICAL, CANACERO, y el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAITRA).
Valdés destacó que como parte de los esfuerzos del SAT por fortalecer y coordinar una estrategia de combate que sume resultados, la mesa cuenta con la participación de otras dependencias del Sector Gobierno, como la PGR, la Secretaría de Economía, PROFECO y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
“En principio tiene tres grandes compromisos que son promover con la participación de autoridades y el sector privado la legalidad del comercio exterior, y erradicar prácticas comerciales fraudulentas que afectan la economía del País.
“Asimismo, analizar y administrar riesgos en la operación del comercio exterior y combatir prácticas ilegales; y coordinar los esfuerzos en el ejercicio de facultades de las diversas autoridades involucradas, promoviendo una estrecha comunicación con los sectores productivos”, señaló Valdés.