Por Víctor Fuentes
y Rolando Herrera
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La intervención de comunicaciones privadas por parte de las autoridades policiacas van al alza en lo que va de la presente Administración.
En 2013 las solicitudes para escuchar comunicaciones llegaron a mil 270, casi cuatro diarias, cuando en 2012 sólo se habían solicitado 631.
Este año, la Procuraduría General de la República, el CISEN y la Policía Federal habían requerido, hasta el 21 de abril, 489 intervenciones, con lo que al cierre de 2014 fácilmente se podrían rebasar las mil 500.
Fuentes judiciales informaron que, a principios de 2014, el procurador Jesús Murillo Karam se reunió en privado con jueces y magistrados federales en materia penal, a los que aseguró que la dependencia favorecería las intervenciones por encima de los arraigos.
Por el contrario, el uso del arraigo domiciliario de sospechosos se redujo dramáticamente durante los últimos meses.
Cuando Murillo Karam tomó posesión de la PGR en diciembre de 2012, uno de sus primeros pronunciamientos fue por desaparecer esta figura.
En su primer año, 2013, Murillo redujo en 64% el uso del arraigo, que pasó de 843 solicitudes a los jueces federales especializados en 2012, a sólo 305.
Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el 21 de abril de 2014 la PGR había pedido 113 arraigos, un ritmo ligeramente superior al de 2013, pero muy por debajo del que se acostumbró en los sexenios anteriores.
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, consideró positivo que la PGR haya reducido drásticamente la solicitudes de arraigos y haya incrementado la intervención de comunicaciones, pues esto significa que hay una investigación antes de detener a una persona.
“El que se esté haciendo un mayor número de intervención de comunicaciones y a la mejor, con algunas otras cosas de inteligencia como red de vínculos, especialmente en los secuestros, me parece importante”.
“Eso va a hacer avanzar la integración de las averiguaciones de una manera más consistente y con una mayor investigación sin que las personas estén detenidas y dándole efectos a la Reforma Constitucional en términos de presunción de inocencia”, indicó.
Durante la Administración pasada, señaló, hubo un abuso por parte de la PGR respecto de los arraigos, pues en la mayoría de los casos primero se realizaban las detenciones y luego se armaba la investigación, la cual, a pesar de la ventaja de hasta 80 días que tenía el Ministerio Público, era enviada al juez con muchas deficiencias.
“Los arraigos durante la Administración pasada no necesariamente derivaron en una mejor integración de una averiguación previa y ahí están los casos del comandante Javier Herrera Valles, del General Tomás Ángeles, del subprocurador Noé Ramírez Mandujano, que se les cayeron en tribunales”, recordó.
La Reforma Constitucional penal de 2008 conservó el arraigo, pero sólo casos de delincuencia organizada hasta por 80 días, mientras que la Suprema Corte resolvió este año que los arraigos previstos en leyes estatales son contrarios a la Carta Magna.