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Investigan si hubo complicidad o se debió a falta de controles adecuados y omisiones en la entrega de créditos

Por Silvia Otero y Édgar Huérfano

EL UNIVERSAL

CD. DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) indaga al personal de Banamex por el millonario fraude de Oceanografía, en una línea que busca establecer si, por la forma en que se concretó el quebranto, hubo complicidad, o sólo se debió a falta de controles adecuados y omisiones en la entrega de créditos.

Autoridades allegadas a la investigación detallaron que es un hecho que trabajadores de la institución bancaria validaron los documentos falsos que entregó durante 2013 la compañía de Amado Yáñez Osuna, y fue hasta que Petróleos Mexicanos (PEMEX) rechazó el pago de los supuestos adeudos cuando altos ejecutivos de la institución bancaria --filial mexicana de Citigroup-- detectaron la maquinación.

“Era un carrusel, en el que el dinero siguió fluyendo, sin que aparentemente nadie detectara la operación, hasta que PEMEX rechazó deber a la naviera”, revelaron las fuentes consultadas, por lo que se indaga si los ejecutivos bancarios implicados conocían la ilegalidad de los documentos en complicidad con los operadores del empresario, o fueron omisos en aplicar reglas de control para admitir los créditos.

El pasado 24 de marzo un juez federal concedió a la PGR un arraigo por 40 días en contra de Amado Yáñez Osuna, mismo que se amplió para continuar la investigación, según informó la subprocuradora Mariana Benítez.

Desde enero de 2013 y al finalizar ese año, Banamex otorgó a Oceanografía créditos de corto plazo por 585 millones de dólares, además de cartas y empréstitos por 33 millones de dólares.

Este miércoles, el Grupo Financiero Banamex y su controladora Citigroup, informaron que concluyó la etapa de investigación interna que llevó a cabo para conocer la forma en cómo se realizó el fraude de la empresa Oceanografía al banco y quiénes fueron los responsables de este hecho, situación que llevó a que se despidieran a 11 personas que no cumplieron con su labor de supervisión.

A través de un comunicado, el director general de la filial mexicana de Citigroup, Javier Arrigunaga, dijo que “como resultado de esta investigación, desafortunadamente Banamex dio por terminada la relación laboral de 11 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, áreas funcionales y de negocio que no cumplieron con los estándares de supervisión en sus responsabilidades. Adicionalmente, es de esperarse que en el curso de esta investigación otros colaboradores, lo mismo de México que de otras regiones, sean también sancionados”.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, dentro de los directivos despedidos se encuentran Federico Solórzano, director ejecutivo del área de Administración de Riesgo de Crédito Corporativo, y Alfonso Ortega Brehm, jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global, debido a su relación con el fraude.

Agregó que Citigroup también despidió a Emilio Granja, director gerente de la Unidad de Energía y Químicos de Banamex, y a Sergio Torres, director de Tesoro y Servicios Comerciales.

Banamex ni confirmó ni negó los nombres de estos funcionarios.

Las tareas de inteligencia financiera y de la PGR permitieron detectar que la trama fue posible, ya que los ejecutivos bancarios dejaron de exigir facturas que ampararan los servicios que Oceanografía realizaba como proveedora de PEMEX, que en el pasado ampararon la entrega de créditos.

En lugar de facturas con todos los requisitos de seguridad que contienen este tipo de documentos fiscales, los empleados del banco admitieron órdenes de trabajo, conocidas como “estimaciones”, que eran supuestos servicios prestados a Pemex que se pagaban cada 90 días. Amparados en estas estimaciones que resultaron falsas, los operadores de Oceanografía tramitaron los créditos, en gestiones en los que aparece la firma del accionista mayoritario Yáñez Osuna.

Uno de los ejecutivos bancarios que validaron estas operaciones es Alfonso Ortega Brehm, jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global —uno de los 11 despedidos por Citigroup, derivado de su investigación interna.

El esquema en el que se operó es el siguiente: Ortega Brehm admitía las estimaciones entregadas por la empresa Oceanografía, en una de las cuáles, por citar un ejemplo, la empresa solicitó 90 millones de dólares amparándose en dichas órdenes de trabajo de la paraestatal, que eran una garantía de que esa suma sería pagada por la paraestatal en el plazo de 90 días de vencimiento.

Sin embargo, cuando llegaba la fecha de pago, PEMEX pagaba sólo 10 millones de pesos de esa suma --que era el adeudo real--, pero el ejecutivo bancario registraba la cantidad como “adelanto” del monto total, sin notificar a la paraestatal de la cantidad restante que presuntamente debía; y para los próximos 90 días se solicitaba otro crédito bajo el mismo sistema.

Fue hasta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Oceanografía como proveedora de Pemex, que altos ejecutivos de Banamex sospecharon de las operaciones fraudulentas, por lo que se requirió a la paraestatal el resto del pago y ésta las comunicó que los documentos que Yáñez Osuna entregó eran falsos y que PEMEX no debía los casi 500 millones de dólares que la naviera obtuvo.