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Se siguen registrando asesinatos fugas y riñas en los centros de rehabilitación del País

Por Antonio Baranda

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- Las incidencias en los penales locales lejos de disminuir, van en aumento.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), los incidentes violentos, entre los que se cuentan riñas, homicidios, suicidios y fugas, se triplicaron en los últimos tres años.

Mientras en 2010 las entidades reportaron 610, durante 2013, primer año del Gobierno de Enrique Peña Nieto, se disparó a 2 mil 439, la cifra más alta de que se tenga registro.

Por ejemplo, el 26 de octubre del año pasado siete internos murieron y dos más resultaron heridos durante una riña con armas blancas en el Penal de Altamira, en el Sur de Tamaulipas.

Durante los años 2011 y 2012 se registraron mil 273 y mil 125, respectivamente. En contraste, durante el periodo comprendido entre 2000 y 2010, el promedio anual fue de 580.

Esta tendencia, señala el Gobierno Federal en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, da cuenta de la falta de capacitación y control del personal penitenciario.

El documento además indica que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existen grandes deficiencias en las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios.

Subraya, entre otras, la falta de manuales para el uso de la fuerza; insuficiencia del personal de seguridad y custodia, y fallas durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias.

Otras problemáticas que el Gobierno reconoce como detonantes son el crecimiento constante de la población carcelaria y el hacinamiento.

Hasta diciembre de 2013 existía una sobrepoblación de 24.4 por ciento en el País, que se traduce en la falta de 48 mil 341 espacios.

“Esta situación, además de representar un reto para la seguridad de los centros penitenciarios, implica condiciones que atentan contra los derechos de la población en reclusión.

“Por ello es necesaria la salvaguarda de los derechos humanos de los internos, estableciendo un régimen de ejecución de penas que garantice la seguridad de las personas y condiciones de vida digna”, apunta.

El Gobierno Federal además reconoce que el sistema penitenciario ha fallado en evitar que internos continúen delinquiendo, ya que existen redes criminales que operan desde los penales.

Enfatiza la necesidad de cumplir con el objetivo fundamental que establece la Constitución para el sistema penitenciario: la reinserción del sentenciado a la sociedad.

“El periodo de prisión debe ser utilizado constructivamente para asegurar que, en todo lo que sea posible, al retornar a la comunidad, los sentenciados sean capaces de vivir respetando la ley”, considera.

Apenas la semana pasada, el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la CNS, José Luis Musi, reconoció que el sistema penitenciario está abandonado, por lo que se requiere de una reforma integral en la materia.