A 10 años de la protesta multitudinaria contra la inseguridad, organizadores revelan la falta de apoyo del Gobierno panista

Por Rolando Herrera
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Gobierno Federal, a través del entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, intentó persuadir para que la marcha del 27 de junio de 2004 no se llevara a cabo.
Las autoridades argumentaban que no había seguridad para los manifestantes, aseguró José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
“Recuerdo que el martes anterior a la marcha, comí con el procurador general de la República, el general Rafael Macedo de la Concha y con Genaro García Luna (titular de la entonces AFI), y que la intención de la comida fue el que el general me persuadía para cancelar la marcha”.
“Me dijo que había un grave riesgo, que viera las declaraciones de Alejandro Encinas (entonces secretario de Gobierno del DF), que podían provocar algún atentado contra las personas, contra las familias que iban a participar en la marcha, que por lo tanto me pedía que la cancelara”, recordó.
Entrevistado 10 años después de aquellos hechos, Ortega indicó que le dijo a Macedo de la Concha que la marcha ya no podía detenerse y que lo responsabilizaba a él, como autoridad federal, de lo que pudiera ocurrir durante la protesta.
“Le dije que no podía, que además ni me iban a hacer caso los medios. Él me ofreció hablar con los dueños de los medios y citarme a todos los medios nacionales e internacionales para que por causas de fuerza mayor y por el posible riesgo de que hubiera algún atentado, cancelar la marcha”, indicó.
A nivel del Distrito Federal, recordó María Elena Herrejón, presidenta de Movimiento Pro-Vecino, hubo antipatía del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quien atribuyó la marcha a sus enemigos políticos.
“López Obrador insistía en que en esta marcha había mano negra, que eramos pirrurris, y yo, que estuve desde el inicio te puedo decir que nadie estaba detrás, nadie nos impulsó, nadie nos pagó, nadie nos dijo nada, cada cual fue libre de salir a la calle y de decir ya basta”, indicó.
Fernando Shütte, quien en 2004 era el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, aseguró que tras la marcha él recibió represalias fiscales del Gobierno de Vicente Fox, amenazas a su vida y ofrecimientos de dinero.
“Secuestran a un sobrino mío para decirle que si yo sigo me van a matar, mi interlocutor fue el propio secretario de la Defensa Nacional (Clemente Vega García), después de que el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, no logró un acuerdo conmigo, y bueno, recibí todo tipo de ofertas, ahora lo puedo decir, recibí todo tipo de ofertas, y no acepté ninguna”.