Acusan detenciones arbitrarias contra ciudadanos centroamericanos


Por Abimael Chimal
AGENCIA REFORMA
TOLUCA.- Tras comprobar que policías de vialidad de Huehuetoca detuvieron arbitrariamente y maltrataron a dos migrantes en el Comedor del Hermano Migrante San José, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió una recomendación a este Ayuntamiento.
De acuerdo con la defensoría, los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2013, cuando personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías municipales llegaron a las inmediaciones del comedor.
Al ver a las autoridades, personas que se encontraban consumiendo alimentos trataron de huir, por lo que los uniformados ingresaron al inmueble y sacaron a dos de los extranjeros por la fuerza, mientras otros eran sometidos con violencia y obligados a subir a vehículos de Seguridad Pública Municipal.
La recomendación 06/2014 indica que esta actuación fue contraria a los principios de legalidad, seguridad jurídica y trato digno, pues no hubo delito flagrante que motivara el ingreso de los policías a las instalaciones del comedor.
Los hechos de queja derivaron en cinco expedientes y, como parte de las investigaciones, se solicitaron informes al presidente municipal de Huehuetoca, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de Seguridad.
Las evidencias permitieron determinar que once policías participaron en un operativo de verificación migratoria en áreas y vías públicas en el que se detuvo a 30 personas, sin embargo, dos fueron asegurados al interior del comedor.
La recomendación precisa que es facultad del INM realizar dichas verificaciones, pero con base en el Artículo 76 de la Ley de Migración, no podrá efectuarlas en los lugares donde haya migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil, o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección.
La CODHEM recomendó iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores públicos, así como la impartición de cursos de capacitación y la realización de evaluaciones periódicas al personal en el uso de la fuerza.