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Por Víctor Fuentes
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute si las personas que no saben leer ni escribir pueden ser excluidas de los cargos de elección popular.
El Pleno se enfrascó ayer en un debate sobre la validez del artículo 69 de la Constitución de Durango, que a partir de agosto de 2013 señala que para ser diputado local es requisito lo anterior.
Dicho requerimiento no está previsto, por ejemplo, en la Constitución federal para diputados y senadores del Congreso de la Unión, pero las legislaturas locales cuentan con cierto margen de libertad de configuración para agregar características que deben cumplir sus integrantes.
Sólo cuatro de los nueve ministros que asistieron ayer a la sesión del Pleno se pronunciaron sobre el tema, y tres de ellos lo hicieron apasionadamente por la inconstitucionalidad del artículo, que fue impugnado por el procurador Jesús Murillo Karam por considerarlo discriminatorio de los grupos marginados de la sociedad.
“Aquí se está discriminando a un grupo de personas, de mexicanos, porque no saben leer ni escribir, y se parte del prejuicio de que para ser representante popular, el tener cierta instrucción o educación le da a las personas mayor inteligencia o sabiduría, y la experiencia demuestra que esto no siempre es así”, afirmó Arturo Zaldívar.
“¿Por qué un diputado tendría que saber escribir para representar a un segmento de la población?”, cuestionó José Ramón Cossío.
“Hay muchos representantes populares que tienen condiciones bajas de instrucción, porque así lo determinaron sus partidos y electores”.
El proyecto de sentencia, del ministro Sergio Valls, propone avalar el artículo, con base en la libertad de configuración de los Congresos locales, así como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce que los estados pueden restringir el acceso a puestos de elección con base en elementos como la instrucción.
Valls no estuvo en la sesión para defender su proyecto, que destaca que para 2010, el 98.98% de la población duranguense de 15 a 24 años ya estaba alfabetizada, y que el analfabetismo puede ser superado por quienes quieran ser electos.
“Sólo se pide lo más básico, saber leer y escribir, menos no se puede pedir”, dijo Alberto Pérez Dayán, único que habló en favor.
“¿Cómo son pocos los analfabetas, entonces es proporcional la medida? A mí me parece que los derechos fundamentales existen precisamente para garantizar los derechos de la minoría”, sostuvo Alfredo Gutiérrez.
La discusión continuará el jueves, último día de sesión de Pleno antes del receso judicial, y serán necesarios al menos ocho votos para invalidar el artículo 69.