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Por Víctor Fuentes
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En octubre de 2010, la Suprema Corte de Justicia prohibió a todos los jueces federales conceder suspensiones para que las empresas inhabilitadas por el Gobierno, puedan seguir participando en licitaciones y obteniendo contratos.
La Segunda Sala del máximo tribunal, en jurisprudencia obligatoria, fue categórica:
“Esa sanción (la inhabilitación) goza de la presunción de legalidad y validez de los actos administrativos, por lo que el interés particular se subordina al general, evitando que participe en una licitación o se otorgue un contrato público a la persona sancionada respecto de la cual existe duda sobre su honradez”, resolvió.
Sin embargo, el juez Felipe Consuelo Soto ordenó ayer suspender la inhabilitación de la empresa Oceanografía, que le impedía obtener contratos públicos hasta noviembre de 2015, lo que prácticamente la condenaba a la quiebra pues su único cliente importante es Petróleos Mexicanos.
Consuelo aprovechó un detalle técnico: la suspensión no fue otorgada en un juicio de amparo, que es donde aplica la jurisprudencia de la Suprema Corte, sino en un concurso mercantil, por solicitud del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la agencia del propio Gobierno Federal que administra la empresa naviera desde marzo.
Apenas el pasado 19 de mayo, el juez Décimo Cuarto de Distrito en Coatzacoalcos, Pedro Antonio Rodríguez, había negado a Oceanografía una suspensión definitiva contra la inhabilitación, como parte de un amparo que aún está en trámite.
En dicho juicio, se resolverá la legalidad de la inhabilitación, e incluso se analizará la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente desde 2013, que tuvo en el de Oceanografía su primer caso relevante.