Banner

Por Rolando Herrera
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El delegado nacional del PRI en Baja California Sur, Enrique Acosta Fregoso, negó estar implicado en la red de corrupción para la importación de autos “chocolate” que el Gobierno Federal y el Poder Judicial investigan.
En entrevista telefónica, Acosta aseguró que la única vinculación que ha tenido con el tema fue en 2009, cuando, en el ejercicio de su profesión como abogado postulante, litigó para un cliente un amparo para que pudiera importar vehículos usados en la franja fronteriza bajo la reglas establecidas por el Tratado de Libre Comercio (TLC).
El amparo, recordó, le fue negado a su cliente en primera instancia, pero le fue concedido por un tribunal colegiado, sin que ello implique un acto de corrupción, pues los magistrados resolvieron conforme a los planteamientos jurídicos que les fueron expuestos.
“Yo lo único que les digo a ustedes como periódico: No tengo ninguna relación de carácter comercial, profesional, de ninguna índole, ni con los jueces de distrito que ustedes señalan, ni con la empresas importadoras que ustedes establecen”, aseguró.
Reforma publicó el 7 de julio pasado, que el Gobierno Federal y el Poder Judicial Federal investigan una red de 18 empresas importadoras de vehículos que presuntamente han pagado sobornos a funcionarios aduanales y jueces de distrito para poder introducir los automotores.
Entre las personas presuntamente implicadas aparece Acosta Fregoso, ex líder de la CNOP en Baja California, a quien se le vinculó al Grupo Empresarial Yamve.
El político priísta aseguró que no es socio de dicha empresa, con la que además nunca ha tenido trato de ningún tipo y que ello lo puede demostrar con el acta constitutiva de dicha sociedad, que es el documento legal idóneo para acreditar quiénes la integran.
Sobre la conversación telefónica que Acosta Fregoso sostuvo en junio de 2012 con el ex candidato a la Alcaldía de Mexicali, Elí Topete, en la que se refiere a un tema de vehículos que trató con el SAT, el delegado priísta, indicó que dicha comunicación fue obtenida de manera ilícita y utilizada durante el proceso electoral realizado en Baja California el año pasado y que sus dichos fueron sacados de contexto.