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Por Alberto Morales y Juan Arvizu

EL UNIVERSAL

CD. DE MÉXICO.- El coordinador nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia, defendió la geolocalización de teléfonos celulares -aprobada en las leyes secundarias de Telecomunicaciones- en el combate de los secuestros, porque dijo que no implica la intervención de la comunicación, sino la ubicación del lugar donde se hace una llamada.

“Llevándolo a un extremo puede llegar a una invasión de la privacidad, pero ¿qué es más importante la vida de la persona o la privacidad de la persona? Es mil veces más importante la vida humana, aquí hay que sacrificar un bien jurídico de menor valía por un bien jurídico de mayor entidad, para salvar a una persona tenemos que ubicar con rapidez dónde acontece un secuestro”.

En una reunión de trabajo ante legisladores Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el funcionario explicó que quien tendrá la competencia para solicitar la geolocalización será el titular de PGR y en quien se delegue la facultad, que para el caso de secuestros deben tenerla los titulares de las Unidades Especializadas contra el Secuestro. Aseguró que se necesita agilidad para combatir este flagelo y “nuestros jueces, con todo respeto, no tienen aún la agilidad suficiente como para responder en lo inmediato a un tema así”.

Sales Heredia dijo que el secuestro empieza a “contenerse” en el País. Sin embargo, en las estadísticas entregadas a los legisladores sobre la incidencia delictiva en los primeros cuatro meses de 2014 se registraron 693 denuncias de secuestro, mientras que para el mismo periodo en 2013 hubo 684, y en 2012 se registraron 572 denuncias. Es decir, hay un aumento de denuncias por el delito de secuestro desde hace dos años para ese periodo.

El funcionario explicó que mantiene contacto permanente con organizaciones de la sociedad civil, como Alto al Secuestro, para consolidar las cifras.

Expresó que desde la creación de esa coordinación, en enero pasado, las fuerzas federales y los estados han desmantelado 170 bandas de plagiarios en el País y se han capacitado a 156 funcionarios estatales en materia antisecuestro.

Sobre el incremento de las penas para plagiarios hasta 140 años de prisión -en vigor desde junio pasado-, dijo que se pretende enviar el mensaje de que no se permitirá a los criminales salir de la cárcel, y menos si hay homicidio de por medio.