90% de los presos enfrentan sus procesos penales sin conocer bien el caso


Por Diana Baptista

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- Nueve de cada diez indígenas en prisión no recibieron apoyo de un intérprete traductor durante su detención y proceso penal.

Según Javier Cedillo, director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), esto implica que la mayoría de las personas indígenas desconocen por qué fueron detenidas, de qué fueron acusadas y cuál es el proceso que llevan.

“En 2013, el 91% de los indígenas declaró en entrevista (con la CDI) que no fue asistido por intérprete traductor. Esta violación al debido proceso es algo en lo que debemos trabajar”, afirmó en entrevista.

Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que la mayoría de los presos también han sido víctimas de detención arbitraria, incomunicación y de tratos crueles o degradantes.

En dicho sentido, Cedillo advirtió que las prisiones están llenas de indígenas sin recursos económicos para pagar las fianzas.

La Comisión trabaja el Proyecto Excarcelación de Presos Indígenas, el cual apoya con fianzas de hasta 77 mil pesos para que alcancen la libertad bajo caución o provisional, esto en el caso de delitos no graves cuyo proceso se pueda llevar afuera de prisión o que puedan salir libres debido a buena conducta.

En 2013, el número de excarcelados apoyados por la CDI fue de mil 82. En lo que va del 2014, se han logrado otras 740.

El funcionario alertó que existen irregularidades en algunos casos, en particular en aquellos de delitos contra la salud, de los cuales la CDI tiene reportados a 368 presos.

Tan sólo el año pasado, ejemplificó, se dieron cuatro casos de indígenas detenidos en posesión de peyote: uno de ellos era un marakame (chamán huichol) que llevaba un volumen importante de planta.

“A través de un peritaje antropológico se pudo acreditar que, de acuerdo con sus usos y costumbres, el peyote lo utilizan para ceremonias religiosas, forma parte de su cultura y es así como se obtiene la libertad”, explicó.

Garantizar la presencia de abogados defensores bilingües e intérpretes traductores es un reto ante la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, agregó.

“No podemos entender juicios orales donde estén involucrados indígenas sin que cuenten con el intérprete; se necesita un esfuerzo desde los tres poderes, sobre todo quienes tienen la responsabilidad de legislar y de contar con esos intérpretes dentro de su sistema de administración y de procuración de justicia”, dijo.

Bajo un acuerdo entre la CDI, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para 2014 se habrán capacitado a 300 abogados bilingües en materia del nuevo sistema penal, informó.