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Por Federico Osorio Altúzar


OTRA VEZ, LAS MINAS DE CANANEA

Por enésima ocasión, empresas mineras, la mayoría de origen extranjero, causan ostensibles daños patrimoniales y atroces deterioros ambientales, con impresionante lujo de impunidad. Al igual que hace más de un siglo, hacen del territorio nacional suelo propicio y propio para el saqueo de riquezas que anidan en el subsuelo nacional.
En Sonora, lo mismo que Chihuahua, San Luis Potosí, y en diversas localidades de Durango, Baja California; Guerrero y en el Estado de Oaxaca, el despojo de metales lo ejecutan anónimos criminales de cuello blanco, quienes son usufructuarios por partida doble, asimismo, del llamado oro negro: del petróleo y sus derivados.
El derrame de sustancias tóxicas en el cauce del Río Sonora, con todo y sus consecuencias, tangibles unas, otras en espera de rigurosa evaluación técnica, da margen a diversas hipótesis que van desde la que señala la cínica actitud de los interventores con patente de Corzo, hasta llegar a la presunción de que los destrozos ocasionados en vidas humanas y en el agro pudieron haber sido provocados, desde la sombra, por manos siniestras en contra del Estado mexicano.
Procaz en el amplio sentido del término, el terrorismo está a la orden del día y galopa incesante desde el Este europeo hasta el Medio Oriente pasando por el vecino país en donde la discriminación trata de ocultar su verdadera intencionalidad.
Sutil, otras veces, asoma en forma de intervencionismo --declarado o no--, con el objeto de intimidar a jefes de Gobierno, amenazándolos, y para inhibir sus proyectos de reformas progresistas y modernizadoras.
En el Sur de Sonora, los pueblos de la Etnia Yaqui sufren la peor embestida de su ya larga historia plagada de abusos, atropellos y persecuciones, con el siniestro objetivo de arrebatarles, para empezar, sus tierras y sus recursos acuíferos. A su modo de ver, el fin final es doblegarlos por medio de la extorsión hasta lograr el exterminio como meta última.
Ahí sus líderes son colocados en la mira del acoso oficial y sus consejeros exhibidos como abogados del diablo, mientras que los humildes ejidatarios y pequeños productores padecen el infortunio de la marginación en todos los rubros del bienestar. Son los parias que, dentro de su propia demarcación, resultan víctimas de la insalubridad, de la ignorancia proverbial y del pleno desempleo.
Una vez tras otra, los pobladores más pobres de la Entidad, las etnias que van en el cabús del subdesarrollo: Yaquis, Mayos y Guarajíos; Pimas, así como Rarámuris y Tarahumaras en el Estado Chihuahua, son motivo de robo declarado y de la devastación en sus propiedades, a gran escala y en plena luz del día, sin que las autoridades estatales y los organismos federales hagan lo que deben hacer, a riesgo de que sean denunciados públicamente en calidad de aliados y como presuntos coautores de las agresiones, cuando no implicados en delitos de contubernio y perversidad.
Desde el Congreso Federal se oyen voces que exigen el cierre inmediato de la Minera México, y con las pruebas de rigor demandan imputarle responsabilidad directa del desastre actual en los municipios afectados por los derrames tóxicos. El ¡Ya basta! adquiere, día, a día, acentos de protesta colectiva, con barruntos de rebelión. Rondan por varios lados los demonios del terrorismo bajo el manto de la provocación contra los afanes modernizadores del Estado.
Al término de las reformas del Estado, lo menos que podían hacer las organizaciones ciudadanas y los partidos políticos que abanderan la modernización de la Nación, es hacer de las innovaciones constitucionales recientemente decretadas una especia de cerco inexpugnable, y blindar la investidura presidencial con el fin de impedir que los especuladores de afuera y del interior de la República logren sus torvas intenciones.
http://federicoosorioaltuzar.blogspot.mx