Por Alejandra López
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Mitsubishi Power Systems Américas (MPSA) terminó pagando los platos rotos de las tres turbinas que no se le entregaron a tiempo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la central eléctrica Agua Prieta II.
Roberto Martínez, abogado general de la paraestatal, reveló hasta ayer que desde el pasado 17 de octubre de 2013 se llegó a un acuerdo con la matriz japonesa para que ésta entregue las turbinas en un contrato de 76 millones 600 mil dólares.
El monto es 44 millones 400 mil dólares más barato que el que se le adjudicó en 2009 a FGG Enterprises, LLC, la que comprometió las turbinas de MPSA, pero nunca las entregó.
Martínez explicó en entrevista que el diferencial en el monto de los contratos cubre dos conceptos: el primero, dos anticipos que en conjunto suman 32 millones de dólares entregados a FGG y, el segundo, una penalización por el incumplimiento del contrato en 2012, que asciende a 12 millones de dólares.
Las dos partes llegaron a este acuerdo a partir de una denuncia que interpuso la paraestatal en 2012, tras rescindirle el contrato a FGG, para que entregara las turbinas.
En un principio, MPSA se negó a proporcionar los equipos porque FGG nunca liquidó las turbinas, pero con el tiempo aceptó asumir las penalizaciones y se reservó el derecho de obligar a esa firma a pagar los 44 millones de dólares.
Las turbinas están siendo instaladas para que la central eléctrica arranque operaciones en 2015, aseguró el abogado.
Si bien con esto termina un juicio en materia civil, aún quedan dos investigaciones por concluirse.
La primera es la demanda que interpuso CFE ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 2012 para deslindar las responsabilidades de quienes no cumplieron con el contrato que, en este caso, son Marco Delgado Licón, representante legal de FGG, y Fernando Gireud, director general de la empresa. (Delgado Licón enfrenta en Estados Unidos un fallo en su contra por lavado de dinero para el Cártel Milenio).
El abogado Martínez señaló que el segundo pendiente legal es una investigación al interior del Órgano Interno de Control de CFE para deslindar las responsabilidades de Eugenio Laris, ex director del área licitante Proyectos de Inversión Pública Financiada (PIPF); Alberto Ramos, subdirector de PIPF, y Carlos Ortíz y Farfán, ex subdirector de contratación de la misma área.

Ninguno de ellos está en funciones.
Cuestionado sobre si la investigación también alcanza al ex director de CFE, Alfredo Elías Ayub, Roberto Martínez contestó que desconoce esa información.