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CD. DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer un amparo contra la negativa de la PGR de informar sobre los restos de los migrantes encontrados en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León.
La asociación civil Fundación para la Libertad y el Estado Democrático de Derecho solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) la información sobre dichos datos, los cuales le fueron negados por la dependencia federal.
La negativa fue avalada incluso por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), por lo que la asociación interpuso un amparo, en el que el juez 8 de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, ordenó a la PGR entregar una versión pública de las indagatorias.
Ello, según argumentó, debido a que “cuando existen violaciones graves a derechos humanos, éstas afectan a toda la colectividad, por lo que debe operar una excepción a la restricción de la información de las averiguaciones previas”.
Sin embargo, las partes en conflicto presentaron sus recursos de revisión, que fueron suspendidos ante la decisión de la Suprema Corte de atraer dicho recurso, atracción que fue solicitada por la Procuraduría.
Con este caso, la Primera Sala de la SCJN podrá instaurar criterios sobre la manera en que debe interpretarse la excepción a la regla general de reserva de información contenida en averiguaciones previas cuando existen violaciones graves a los derechos humanos.
Además, de manera unánime, dicha Sala también decidió atraer un caso para esclarecer los hechos que provocaron la muerte de un niño de dos años en la Guardería Número 2 del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS) en Chihuahua el 30 de octubre de 2008.
En este caso, la Corte podrá resolver si se puede o no fincar responsabilidades legales contra el personal de las guarderías, si hay responsabilidad civil de su personal, y si llegara a proceder la indemnización deberá estimar el monto de la misma.
Al respecto, el juez 2 de lo civil de Chihuahua sentenció al IMSS a la reparación del daño por un monto de dos millones de pesos, lo cual fue impugnado tanto por los padres del menor como por el organismo tripartita.