Jorge A. Chávez Presa

En la entrega que haga el Presidente Felipe Calderón de la administración del Poder Ejecutivo federal, deberá exigírsele el endoso del amuleto que a su vez recibió del Presidente Vicente Fox: es el amuleto de la buena suerte para el precio del petróleo. Esta variable ha sido determinante para el resultado que han tenido las finanzas públicas en las dos administraciones del PAN.
A su vez, a dicho amuleto podríamos responsabilizarlo de haberle quitado los acicates a los incentivos para emprender reformas. El precio del petróleo, en este Gobierno que está por terminar, y tanto el precio como la expansión de la plataforma de producción en el Gobierno presidido por Fox fueron factores que no se vieron desde la administración del Presidente Miguel de la Madrid (1983) hasta el final de la del Presidente Zedillo (2000).
Con los ajustes por inflación, el promedio de las cotizaciones observadas a precios de 2011 por administración fue de: 36.6 dólares por barril (dpb) con el Presidente De la Madrid (1983-1988); 23 dpb con el Presidente Salinas (1989-1994), y 22.50 dpb en la de Zedillo (1995-2000). En contraste, durante la administración de Fox (2001-2006) la cotización de la mezcla mexicana de exportación promedió 37.1 dpb, y en lo que va de Calderón (2007 a junio 2012) de 79.47 dpb.
Cabe destacar que durante la administración de Miguel de la Madrid, precisamente por la inestabilidad macroeconómica que le heredó la administración de López Portillo y el entorno internacional desfavorable, los altos intereses de la deuda pública devoraron la mayor parte del presupuesto público. Ahí sufrimos las consecuencias que provocan los excesos de las políticas fiscales y monetarias que, al dejar sin márgenes de maniobra al Gobierno, golpearon el patrimonio e ingreso de los hogares.
Por lo que respecta a producción de petróleo, le correspondió a la administración de Fox extraer volúmenes históricos. En dicho sexenio la producción de petróleo crudo promedió 3.275 millones de barriles diarios (mbd), y alcanzó un máximo de 3.455. Recordemos que fue principalmente el yacimiento de Cantarell, de donde se extrajo el aumento, y al cual se le llevó a producir por arriba de los 2 mbd. Este comportamiento en los precios y producción ha hecho que las finanzas públicas o, mejor dicho, la hacienda pública del Estado mexicano sea adicta a los ingresos por hidrocarburos.
Los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, al carecer de la recaudación de impuestos para sufragar el gasto normal de operación hacen uso de los ingresos petroleros. Durante estos dos últimos sexenios los derechos sobre hidrocarburos llegaron a representar alrededor de 30 centavos por cada peso que ingresó en la Tesorería de la Federación. En el 2008 fueron casi 45 centavos de cada peso. Si bien la petrodependencia ocasiona una pérdida de estabilidad en el ejercicio del gasto por la volatilidad de las cotizaciones, lo más trágico es el uso que se da a los ingresos que provienen de vender activos. En este caso el pecado del Estado mexicano es el de destinar las reservas petroleras para sufragar el consumo. Contrario a lo que establece nuestra Constitución, que los mexicanos debemos “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del DF o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” (fracción IV del artículo 31), usamos la renta económica del petróleo para no incomodar a quienes hoy se benefician de las exenciones, regímenes especiales, tasas diferenciadas, subsidios en la gasolina, por citar sólo unos casos.
Por esta razón y la de hacer a México un País más equitativo y sin pobreza, la reforma de la hacienda pública es una prioridad de Estado. Es tiempo de dar esperanza de un mejor futuro.