Por Emilio Rabasa Gamboa

A menos de 10 días de que Felipe Calderón entregue el Poder Ejecutivo a Enrique Peña Nieto, es importante hacer un balance de su sexenio en materia de justicia, donde los resultados distan de ser buenos. Veamos.
El año pasado México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas, presentó el siguiente resultado del índice delictivo que compara mayo del 2005 a mayo del 2011:
Los homicidios dolosos aumentaron 202%. Los secuestros se incrementaron en 388%. La extorsión creció, en el mismo periodo, en 209%. El delito de robo con violencia aumentó en 160%, y el robo de automóviles se disparó en 220%. En total se acumularon más de 60 mil muertos, en promedio casi 10 mil por año durante el sexenio. ¿Qué pasó? Tuvieron el presupuesto más alto de la historia para combatir el crimen, apoyo legislativo, el Ejército y la Marina en las calles, y no pudieron detener y revertir esos índices delictivos, ¿por qué?
Fue un error privilegiar una política de fuerza sobre otra que combinara inteligencia, cooperación y organización institucional. Se siguió una estrategia de competencia entre las instituciones responsables de enfrentar este flagelo para detener a los cabezas y a sus sicarios, pero no de coordinación bajo un mando operativo único.
Esa fue la lección que aprendió EU cuando perdió la guerra de Vietnam y tuvo que negociar: que contar con muchos mandos simultáneos y del mismo rango evita tener una estrategia efectiva para asegurar la victoria. Por eso, cuando la administración Bush (padre) encabezó la Guerra del Golfo contra la invasión iraquí de Saddam Hussein a Kuwait, el general Norman Schwarzkopf, mando central de las operaciones que congregaba a 34 naciones y una fuerza efectiva de casi un millón de hombres, puso una sola condición para aceptar el cargo y la responsabilidad de comandante supremo en el sitio de las operaciones: que sólo él tendría el mando efectivo y únicamente reportaría a dos personas, el Presidente Bush y a Colin Powell, en su calidad de presidente del Estado Mayor Conjunto, pero a nadie más.
La estrategia de Schwarzkopf, conocida como Operación Tormenta del Desierto, probó ser efectiva, precisamente por ese mando único, que se ejerció sobre tropas enviadas por jefes de Estado de países europeos, asiáticos y africanos, y Australia. No fue eso lo que se observó aquí en México en esa “guerra” contra el crimen organizado. Al contrario, varios altos rangos actuaron simultáneamente pero sin la coordinación superior de un solo mando operativo, en adición, por supuesto, al mando presidencial.
A lo anterior sumaría el otro gran error de Felipe Calderón en el terreno de la justicia: no haber impulsado decididamente la reforma de los juicios orales, dispuesta por el Poder Constituyente Permanente y haber asumido el liderazgo político de la misma, como lo hiciera Michelle Bachelet en Chile, lo que condujo esa gran transformación del sistema penal inquisitivo --escrito en el acusatorio-- oral hasta dejarla en puerto seguro.
Llevamos cuatro años de la “vacatio-legis” de ocho que el Poder Reformador concedió para concluir la reforma de la justicia penal y ni siquiera 20% de las entidades la han terminado en sus territorios; a la fecha no existe un solo juzgado penal-oral federal. Es cierto que se trata de una responsabilidad compartida entre la Federación y sus tres Poderes (el Legislativo no ha logrado sacar el Código Federal de Procedimientos Penales), los estados y el DF, pero en este País el liderazgo presidencial sigue teniendo un enorme peso para sacar adelante un programa o acción de Gobierno que involucre a otros Poderes.
Resulta paradójico (por no decir inentendible) que Calderón, abogado y destacado egresado de la Libre de Derecho, institución que privilegia el conocimiento del derecho procesal, no hubiese asumido el compromiso de dejar a México, al final de su sexenio, con un sistema de justicia procesal-penal moderno, transparente y garantista.
Cuando Peña Nieto asuma el cargo el próximo 1 de diciembre, seguro que incluirá el tema de la justicia entre sus prioridades de Gobierno (el Estado de México fue de los pocos que concluyeron la reforma penal), en adición a las prioridades de crecimiento económico, combate a la pobreza, seguridad pública y reposicionamiento internacional de México, temas a tratar próximamente.